El Gobierno Español pretende acallar la protesta social y poner la seguridad al servicio de empresas privadas
El Parlamento Español está tratando sendos proyectos de ley relativos a la Seguridad Ciudadana y a la Seguridad Privada. ELA quiere recordar lo que manifestó con motivo de la aprobación de la última Ley de Seguridad de Euskadi, "ELA reivindica una política de seguridad integral en la que la lucha contra la pobreza y la exclusión sean el eje de actuación". Entendíamos que son precisamente la pobreza y la exclusión social las razones que generan mayor peligro para la seguridad, sin embargo, el Gobierno Español pretende utilizar la política de seguridad para acallar el descontento social generados por el aumento de la pobreza. Cualquier política de seguridad efectiva pasa por luchar frente a las razones de fondo que conllevan la inseguridad y por el control público de la actividad policial.
La futura Ley de Seguridad va a penalizar fórmulas de protesta que han resultado exitosas en este periodo de crisis, mediante sanciones pretenden que de facto no se realicen estas manifestaciones de enfado. No es casual que los nuevos hechos sancionables coincidan con la nuevas formas de protesta. El problema real en estos momentos es bien distinto, los requerimientos administrativos están limitando el derecho de manifestación y la libertad de expresión, como está sucediendo en Nafarroa, donde se prohíben manifestaciones por falta de preaviso con antelación suficiente, una cuestión denunciada por el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Por ello, hoy mediante reforma legal se debiera facilitar la realización del derecho de manifestación y poner los medios para proteger el ejercicio efectivo de estos derechos civiles básicos.
Asimismo, mediante la ley de Seguridad Privada el gobierno pretende privatizar la seguridad pública. El propio gobierno admite que el objetivo de la ley es adecuar el ratio de policías y de seguridad privada a la media Europea, dado que hay más policías que en Europa y menos personal de seguridad privada. En este ámbito, también, el debate debiera ser el contrario, debiera centrarse en fortalecer el control social sobre la actividad policial para asegurar los derechos de la ciudadanía, sin embargo, el gobierno apuesta por privatizar la seguridad y, en la práctica, eliminar el control público sobre la misma. Al tiempo, se va a aprovechar para eliminar puestos de trabajo con derechos por puestos de trabajo precarios. Tampoco podemos considerar casual la propiedad de las grandes empresas de seguridad en el Estado a la hora de valorar está ley o la presión de las grandes distribuidoras comerciales para atajar los pequeños hurtos en sus centros.
La suma de ambas leyes marcan un horizonte muy preocupante desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos y la calidad democrática. ELA entiende que tienen una intencionalidad muy clara, eliminar la protesta social para facilitar la aplicación de recortes sociales y el aumento de las desigualdades sociales. Por ello, conminamos a los partidos vascos con representación en el Parlamento y Senado español a que se posicionen en contra de ambas leyes.
Asimismo, ELA realiza un llamamiento a los Gobiernos de la CAPV y Nafarroa y a los Ayuntamientos de Hego Euskal Herria a que no apliquen está legislación y utilicen la discrecionalidad legal para no sancionar los nuevos hechos y para evitar la privatización de la seguridad pública. Asimismo, reclamamos que las administraciones vascas no admita injerencias en su ámbito de actuación, defiendan y desarrollen el papel fundamental que deben jugar las policías vascas en poner la seguridad pública al servicio de la sociedad