El Gobierno Vasco apuesta por unos presupuestos que no responden a las necesidades sociales actuales y estratégicas de futuro

ELA denuncia que la política presupuestaria del Gobierno Vasco se puede resumir en “gastar lo menos posible”. En 2020, año del inicio de la pandemia, el Gobierno Vasco no aumentó el gasto respecto a lo presupuestado. En 2021 el incremento está siendo de apenas un 2,1%. Esto es, a pesar de estar viviendo una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes, el Gobierno Vasco ha preferido no aumentar el gasto para hacer frente a las consecuencias de esa crisis.

Esta política presupuestaria restrictiva es voluntaria, ya que el Gobierno Vasco ha contado con ingresos suficientes para haber incrementado su presupuesto de manera importante. Así, por ejemplo, en 2021 la recaudación de las haciendas forales va a ser superior a la prevista, por lo que el Gobierno Vasco va a contar con casi 1.000 millones de euros más. Asimismo, el Gobierno español le va a transferir este año 800 millones más de lo previsto. A pesar de este fuerte aumento de los ingresos respecto a lo previsto, el Gobierno Vasco ha optado por no incrementar el gasto, por lo que a finales de año va a tener un remanente de más de 2.500 millones de euros.

En este contexto, es inaceptable que el Gobierno Vasco no cubra las crecientes necesidades sociales en sanidad, educación, cuidados, vivienda, o que siga planteando recortes en las prestaciones sociales, como vuelve a hacer con la RGI en el proyecto de presupuestos de 2022.

Los presupuestos de 2022 deberían suponer un giro radical en la política presupuestaria. Sin embargo, ELA ha presentado su Informe sobre el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2022. En él se indica que “como todos los años, estamos ante un ejercicio de propaganda, que este año se supera con creces. No es nuevo que los presupuestos se tilden de expansivos, los más sociales, incluso de históricos, pero, una vez más, solo se trata de pura propaganda que queda en evidencia cuando se analizan las verdaderas cifras”. Es más, a fecha de octubre de 2021, solo el %25 de las inversiones reales presupuestadas se han ejecutado.

En el análisis del proyecto se constata que el incremento presupuestario es muy pequeño, y la partida que más crece es el pago de la deuda pública, que aumenta un 13,8% respecto a la previsión de cierre de 2021, y alcanza ya 929 millones de euros. El rechazo a una reforma fiscal produce un aumento de la deuda viva que alcanza cifras récord.

El aumento de las partidas destinadas a la acción del Gobierno es de tan solo un 2,3%, por lo que el peso del Gobierno Vasco en la economía descenderá el año que viene. Esta política restrictiva se lleva al extremo de que el presupuesto destinado a Salud en 2022 es 17 millones menor de lo que se estima para 2021. Lo mismo ocurre en Educación, que tiene un presupuesto 29 millones más bajo de la estimación de cierre para este año.

Por lo tanto, estos presupuestos inciden en su carácter continuista y además se pierde una gran oportunidad para realizar una inversión mayor en partidas que se han visto mermadas durante muchos años. Se pierde una oportunidad, porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) está en pausa hasta el año 2023 y porque hay suficiente dinero como para que los presupuestos sean realmente expansivos.

ELA ha destacado que el presupuesto debería ser una herramienta para que el Gobierno Vasco tenga un mayor peso en la economía mediante la inversión pública; pero no solo en cuestiones que proporcionen un servicio a la ciudadanía, sino que también en sectores estratégicos, encaminados a la transformación del modelo productivo, que es cada día más urgente, y a la que nuestras instituciones le están dando la espalda.