El Gobierno Vasco impone la política lingüística en el ámbito laboral sin escuchar a la representación sindical

ELA ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que Aitor Aldasoro, Viceconsejero de Políticas Lingüísticas, se está reuniendo con representantes de diferentes ayuntamientos para dar a conocer un plan de euskaldunización del ámbito socioeconómico, el Plan Lanera. El ámbito socioeconómico está constituido por trabajadores y trabajadoras y, aunque este plan afectaría a sus derechos lingüísticos, el Gobierno Vasco no ha querido recabar la opinión de ELA antes de aprobar dicho plan. Desde que fueron nombrados hace casi un año, la vicelehendakari encargada de las políticas lingüísticas, Ibone Bengoetxea, y el viceconsejero Aitor Aldasoro no han querido reunirse con ELA, pese a que el sindicato lo ha solicitado expresamente.

El Gobierno Vasco no se reúne con ELA porque no quiere reconocer que los trabajadores y las trabajadoras de la CAPV deben tener derecho a trabajar en euskera y, en consecuencia, que las empresas tienen la obligación de aprobar los medios y medidas que les permitan trabajar en euskera. “En este momento está garantizado el derecho a trabajar únicamente en castellano y la mayoría de las personas trabajadoras euskaldunes están obligadas a trabajar en castellano”, denuncia Pello Igeregi, responsable de euskera de ELA. “El Gobierno Vasco ha normalizado esta imposición y no tiene intención de cambiarla”- añade.

Asimismo, para garantizar el derecho a trabajar en euskera, es imprescindible que las personas que no saben el idioma tengan también el derecho a aprender euskera y que puedan hacerlo en horario laboral. El Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho a la formación, el Gobierno Vasco y los partidos que lo apoyan deberían presionar al Gobierno español para que el tiempo necesario para aprender euskera esté recogido también en el Estatuto de los Trabajadores. Y, además de generar presión, el Gobierno Vasco debería ofrecer recursos para hacer frente a los gastos que se puedan derivar de esta formación.

“Las patronales están cómodas con la política lingüística actual e imponen el castellano en la mayoría de las empresas, por eso han rechazado un acuerdo con los sindicatos para impulsar planes de euskera”, explica Igeregi, quien también es responsable de Negociación Colectiva. “En los últimos 40 años han demostrado que la simple voluntad de los empresarios no va a permitir que el mundo laboral se euskaldunice y, sin embargo, el Gobierno Vasco no les quiere incomodar y por eso no hacen ninguna propuesta que implique ningún tipo de obligación”, denuncia. Al igual que ocurre con las opresiones por género o raza, la opresión lingüística no se puede resolver solo con la voluntad de la parte opresora. Además de trabajar la concienciación social, es imprescindible la acción normativa y la clarificación legal de los derechos y obligaciones. Por todo ello, ELA exige al Gobierno Vasco una actitud más democrática y una actitud decidida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes.