El Gobierno vasco limita la atención sanitaria a personas inmigrantes

12/11/2014
Osakidetza está dando instrucciones para limitar la asistencia sanitaria universal a las personas inmigrantes en situación irregular. Todas las personas que no lleven más de un año empadronadas o no perciban la R.G.I. no tendrán atención sanitaria universal.

El Consejero de Sanidad compareció ayer en el Parlamento vasco anunciando que dará Tarjeta Sanitaria a 17.000 personas. En realidad, Osakidetza no ofrecerá cobertura sanitaria; únicamente el servicio de urgencias, a miles y miles de personas. Es más, quienes no puedan certificar un año de empadronamiento ni sean perceptores de R.G.I. no tendrán ni siquiera derecho al servicio de urgencias, es decir, deberán abonar dichos gastos.Tenemos que recordar para las y los inmigrantes es cada vez más difícil regularizar su situación administrativa.

ELA entiende que esta limitación del derecho a la salud resulta repulsiva. Únicamente la condición de ser humano debiera asegurar un acceso universal a la salud. Es una decisión política muy grave, ya que supone restringir el modelo público, universal y gratuito de asistencia sanitaria.

Hasta el momento, por la vía de los hechos eran excepcionales las situaciones en las que, o bien se negaba la prestación sanitaria, o se solicitaba el abono de la prestación. El Gobierno español tampoco ha requerido ningún cambio, es decir, este recorte responde a impulso exclusivo del Gobierno Vasco.

Además de una injusticia, este recorte puede conllevar la saturación de los servicios de urgencias, dado que quienes no puedan tener una atención preventiva o acceso a la Atención Primaria deberán acudir a Urgencias. Asimismo, también generará un problema de salud pública, puesto que personas enfermas no serán atendidas y sus dolencias no se revisarán hasta que no exista otro remedio. En un contexto de alerta por Ebola esta decisión es un disparate.

ELA exige al Gobierno vasco que retire esta Instrucción y asegure el servicio sanitario universal en todas las situaciones. En todo caso, si entendiera que están obligados a cumplir con los Decretos impulsados por el Gobierno de España, pedimos que, utilizando el mismo criterio que con los medicamentos, sea el Gobierno Vasco quien abone las facturas a Osakidetza.

Por último, ELA entiende que los códigos deontólogicos de todo el personal de Osakidetza prevalecen sobre estas instrucciones. Por ello, entendemos que la plantilla sigue estando obligada a mantener el mismo servicio que se daba. ELA trabajará para generar una alianza que asegure la posibilidad de ofrecer estos servicios, y pondrá todos sus medios para tratar de proteger a aquellos profesionales que decidan defender su dignidad profesional y quieran atender a todas las personas que acuden a los servicios sanitarios.