El Gobierno Vasco sigue con sus ataques a la enseñanza pública

El Gobierno Vasco ha abierto un nuevo capitulo en su ataque contra los servicios públicos en general y la educación en particular. En una Instrucción de la Dirección de Función Pública “para la reducción del gasto de personal para 2010” establece que:

·  Únicamente se autorizarán las sustituciones superiores a 5 días previa certificación de que efectivamente la baja va a ser superior a los 5 días laborables. El ejecutivo amenaza con la creación de un listado de centros cuyas bajas sean consideradas susceptibles de cobertura.

·  Obliga al resto del personal a asumir las tareas generadas como consecuencias de las ausencias o incremento del trabajo.

·  No se autorizarán nuevas comisiones de servicio de proyecto.

·  Los permisos quedan supeditados a las necesidades de servicio.

·  Con carácter general en toda la administración, se plantea la amortización de todas aquellas dotaciones que puedan considerarse prescindibles para la organización, tengan titular o no, y la destrucción de las vacantes producidas durante 2010 por jubilación, fallecimiento o incapacidad.

·  También con carácter general, se suspende la creación de nuevas plazas.

Estas medidas de aplicación al conjunto de la administración pública, penden como una espada de Damocles sobre todo el personal del ámbito educativo, ya que da rienda suelta para su aplicación al Departamento de Educación y de hacerse extensiva parcialmente o en su totalidad a los centros, generarían situaciones caóticas de bajas sin cubrir por lo menos hasta el 5º día, la destrucción de puestos de trabajo y el incremento sustancial de las cargas de trabajo.

Durante el pasado curso el Departamento ya manifestó su intención de realizar fuertes recortes en el personal necesario para abordar las necesidades de este curso, así como su intención de ahorrar en sustituciones y formación. Fruto de esa intención fue el acuerdo en minoría con CC.OO. y UGT para funcionarios docentes.

Con el comienzo de curso, el departamento ha comenzado a realizar los recortes anunciados y a aplicar algunas de las medidas indicadas en la instrucción. Al contrario de lo que trata de hacernos creer la Consejera de Educación muchos de los sustitutos y sustitutas (cerca de 800) no se han incorporado a su trabajo hasta el 7 de septiembre, con la intención de ahorrarse una semana de salario, y las sustituciones de bajas, reducciones de jornada o licencias no se están cubriendo prácticamente hasta pasada la semana. A esto se une además la pretensión ya anunciada de destruir varios puestos de personal de cocina en centros educativos subcontratando el servicio.

Con estas medidas la administración quiere tener las manos libres para modificar y recortar a su antojo las plantillas, amortizar las plazas que le interesen y cargar sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras las consecuencias del recorte de personal y el aumento de las cargas de trabajo y abrir también las vías para subcontratar servicios como la limpieza de los centros, la cocina o las funciones de los subalternos.

Los trabajadores y trabajadoras y el conjunto de la sociedad, más si cabe en esta coyuntura de crisis, necesita un sistema público y una escuela pública sólida con plantilla suficiente, estable, con un reparto de cargas de trabajo que garantice la calidad de la enseñanza y la dedicación necesaria a los alumnos y alumnas... Hasta ahora, las deficiencias provocadas por las políticas de los diferentes gobiernos han sido cubiertas por la profesionalidad, implicación y dedicación de las y los trabajadores del ámbito educativo, pero la ofensiva lanzada por este gobierno puede hacer insostenible la situación.

En este sentido debemos recordar que con la finalidad de enmendar la precariedad laboral en el ámbito educativo, el Gobierno de López se comprometió en el acuerdo de Mesa General de noviembre de 2009 a consolidar mediante RPT 2.500 plazas en educación (1.000 en 2010), a cubrir las vacantes vegetativas estimadas en 1.500 (500 en 2010) y sacar a oposición 3.600 plazas (por lo menos 1.200 en 2010). Con la presente instrucción y las decisiones que está tomando el gobierno, además de incumplir de modo flagrante lo acordado, se incrementan las deficiencias y necesidades del sistema, aumentan las cargas de trabajo del personal y empeoran sus condiciones laborales y, en definitiva, ponen en grave peligro la calidad de la educación y la propia enseñanza pública. Ya sabemos quienes serán los que paguen las consecuencias de tales decisiones: trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo y los alumnos y alumnas junto con sus familias.

Desde ELA nos oponemos frontalmente a estas medidas, invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras a denunciar estas situaciones en la medida que las vayan detectando y nos comprometemos a trabajar para dar la respuesta que la ofensiva emprendida merece.