El Ingreso Mínimo Vital no va a mejorar la situación de quienes perciben la RGI o la Renta Garantizada

04/06/2020
ELA considera que el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno español no sirve para atajar las situaciones estructurales de pobreza en la CAPV y Navarra, al estar su cuantía por debajo de la establecida en la RGI o la Renta Garantizada (RG) respectivamente, “sistemas que ya presentaban muchas carencias”. Por ello, considera urgente establecer una RGI o RG como derecho individual de todas las personas que se encuentren en situación de desempleo. La cuantía de renta garantizada en estos casos debe ser el SMI, según el sindicato. También exige aprobar las medidas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria contra la pobreza y la exclusión social.

En la presentación del documento que recoge la valoración de ELA sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) recién aprobado por el Gobierno español, Mikel Noval y Janire Landaluze, miembros ambos del Gabinete de Estudios del sindicato, afirman que el IMV llega tarde y no atajará la pobreza ya existente . "Es mucho más mínimo que vital”, explican. Y es que su cuantía para una persona que vive sola se fija en 461,5 euros al mes, 5.538€ anuales, es decir, se sitúa por debajo incluso del umbral de la pobreza. “Es una medida que si pretendía atajar las situaciones estructurales de pobreza, se queda corta”, subrayan.

Es más, ELA afirma que a pesar de haber sido presentada como una medida novedosa, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es un fiel reflejo de la Renta de Garantía de Ingresos en contenido regulatorio y espíritu. “No es un sistema nuevo, ya rige en la RGI en la CAPV o en la RG en Navarra, y ambas, como bien es sabido, son claramente insuficientes para ELA. Hemos denunciado los importantes recortes que se vienen dando, los criterios restrictivos en su aplicación, y hemos puesto encima de la mesa propuestas de mejora”, concluyen.

Una realidad que ya abocaba a situaciones de vulnerabilidad a muchas personas. Y es que ELA considera que el sistema de prestaciones sociales de la CAPV y Navarra es insuficiente. “Que el IMV resulte peor no hace mejores a estos sistemas”, añaden. Recuerdan que los niveles de pobreza han aumentado en los últimos años. No en vano, la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) de la CAPV muestra que en 2018 había más de 130.000 personas en situación de pobreza grave, un 46% más que en 2008.

Del mismo modo recuerdan que el 66,4% de las personas en riesgo de pobreza no reciben una atención adecuada por el sistema de prestaciones. Tan solo una de cada 3 personas en situación de pobreza sale de ella como consecuencia del sistema de prestaciones sociales.

Situación que se ha visto agravada con la crisis de la Covid-19, pandemia que ha socavado, aún más, las carencias ya existentes. “Estamos ante una pandemia que hace más urgente, si cabe, un cambio, pero no en el sentido pretendido por el Gobierno español”.

Por ello, ELA considera urgente establecer una RGI o RG como derecho individual de todas las personas que se encuentren en situación de desempleo. La cuantía de renta garantizada en estos casos debe ser el SMI. También exige aprobar las medidas recogidas en la ILP de la Carta de Derechos Sociales contra la pobreza y la exclusión social: en lo que afecta a la cuantía de la RGI, 100% del SMI para personas solas e incremento del 50% por persona adicional, con el tope de 2 veces el SMI).

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