El Juzgado desmiente a la Diputación de Gipuzkoa y le insta a cumplir las medidas de salud en las residencias

Como se recordará, ELA presentó la semana pasada tres demandas de tutela de derecho a la salud, vida e integridad física de las trabajadoras de las residencias Iurramendi de Tolosa, San José de Ordizia y Argixao de Zumarraga. El Juzgado de lo Social de Donostia dictó ayer dos autos, estimando la demanda de medidas cautelares pedidas por ELA, aunque el tercero no se ha hecho público todavía.
Los autos avalan lo que ELA y las trabajadoras vienen denunciando desde hace tiempo- también previo a la pandemia: la falta de personal y la falta de medidas para garantizar la salud de las trabajadoras y de los usuarios y usuarias son más que evidentes, y si no se corrigen de manera urgente tendrán graves consecuencias en un sector de riesgo como éste.
La Diputación de Gipuzkoa, como máximo responsable y financiadora en un 90% de este servicio público privatizado, en vez de colaborar y escuchar a las trabajadoras, al sindicato mayoritario del sector y a las familias, se ha dedicado a dar ruedas de prensa manifestando lo bien que estaba todo, poniendo en entredicho las denuncias tanto del sindicato como de las trabajadoras y pidiendo colaboración cuando los rectores de la Diputación se han negado, sistemáticamente, a las ofertas de colaboración realizadas por ELA.
Exigimos a las empresas concesionarias así como a la Diputación de Gipuzkoa que recapaciten y asuman su responsabilidad, escuchen a las trabajadoras, a los sindicatos y a las familias de las y los usuarios. Además, el auto exige que “se recabe auxilio urgente”, por lo que ELA demanda la intervención integral de Osakidetza para que se dote de profesionales a las residencias, se sustituya al personal de baja o en cuarentena, y se les dote de material que garantice la salud del colectivo para que podamos, entre todos y todas, evitar las consecuencias más trágicas de esta pandemia.