El nuevo 155 digital demuestra que España es un estado cada vez más autoritario

Desde el 5 de noviembre el Gobierno de España tiene amplios poderes para poder intervenir redes y webs a su antojo, bajo diferentes pretextos –meras excusas– que afecten a la “seguridad nacional” o supongan una amenaza “inmediata y grave” para el “orden público” (sic). Un decreto autoritario firmado en Madrid pero con la mirada puesta en Cataluña, tal y como lo ha reconocido el presidente –en funciones– Pedro Sánchez, que ha afirmado que el objetivo del real decreto ley es “poner punto y final al proyecto independentista de la república digital. No va a haber independencia online ni offline” (sic)

Estamos ante un nuevo artículo 155 digital, que otorga a la Administración General del Estado la capacidad de asumir la gestión de las redes y comunicaciones electrónicas para “preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”. Además, el Estado también refuerza su control sobre los procedimientos de firma electrónica de otras administraciones –autonomías o ayuntamientos, por ejemplo–, que deberán someterse a un régimen de autorización previa del Gobierno con el fin de “garantizar la seguridad pública”, competencia exclusiva del Estado.

En este contexto, ELA quiere advertir de la gravedad de este Decreto Ley, y denuncia una vez más la deriva autoritaria del Estado español. Los derechos democráticos más elementales son cada vez más exiguos, y lo peor es que si no logramos revertir la situación la deriva autoritaria continuará. Esta vez han vuelto a atacar la libertad de expresión, un pilar fundamental de cualquier sociedad libre. Ayer fue la Ley Mordaza. Hoy el 155 digital. Si no lo paramos, mañana volverá a la carga.