El Parlamento Europeo da luz verde al Tratado de Libre Comercio CETA

15/02/2017
El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, Acuerdo Económico y Comercial General) con el respaldo del PNV, PP, PSE-PSOE y Ciudadanos. En concreto, ha sido por 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones. Esto conlleva la entrada en vigor provisional del CETA en unos dos meses. Pero debe ratificarse en cada uno de los 28 Estados que forman la UE mediante la fórmula habilitada para cada caso.

Por tanto, la batalla contra el CETA va a continuar tras la decisión de hoy del Parlamento Europeo, por lo que tenemos que seguir movilizándonos para pararlo, tal como hicimos ayer en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.

Debemos mantenernos firmes; este Tratado abre la puerta al neoliberalismo más radical y tendrá graves consecuencias en todas las facetas de nuestras vidas, nuestra manera de consumir, producir, alimentarnos, trabajar, relacionarnos con la naturaleza… Como ejemplo de esas nefastas consecuencias de este Tratado tenemos:

El Sistema de Tribunales de Inversión (ICS): Sistema injusto, innecesario y paralelo que otorga a las corporaciones extranjeras el derecho a demandar a los Estados en tribunales arbitrales cada vez que aprueben una nueva ley que contravenga sus beneficios económicos futuros.

Desactivación del principio de precaución: Europa mantiene un sistema de protección más exigente que Canadá o EEUU, pues cubre todas y cada una de las fases de la cadena de producción. Con la aprobación de este Tratado, nuestros niveles de protección pasarán a ser tan poco exigentes como los suyos.

Convergencia regulatoria a la baja: Se impone la armonización de la legislación entre los países firmantes como vía para el aseguramiento jurídico de las inversiones y del comercio, a través de nuevas estructuras de negociación que se alejan del control de la ciudadanía y se caracterizan por su gran opacidad. Dicha convergencia tiende, en todo caso, a la baja en protección social, ambiental y laboral, así como a la privatización de sectores y empresas públicas.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que facilitará la privatización de los servicios públicos. Incluye por primera vez la cláusula Standstill (Punto Muerto) que consiste en una ‘lista negativa’ de servicios que los Estados tienen que facilitar. El resto de servicios, presentes y futuros, podrían privatizarse y abrirse a la competencia de las grandes empresas extranjeras.