El proyecto de reforma de la RGI del Gobierno Vasco consolida los recortes que actualmente se aplican
Mikel Noval y Janire Landaluze, miembros del Gabinete de Estudios de ELA, han denunciado que, en contra de la propaganda que está haciendo el Gobierno de Urkullu y Mendia, el proyecto de ley de reforma del sistema de prestaciones sociales de la CAPV supone un claro retroceso respecto a la ley de 2008, que es la que se pretende modificar.
Landaluze ha recordado que “la ley de 2008 no se cumple desde 2012. En la práctica, la cuantía de la RGI se viene estableciendo cada año en los presupuestos del Gobierno”. Landaluze ha puesto el ejemplo de una persona sola no pensionista. “En este caso, la renta garantizada es, en 2022, de 727,41 euros, cuando según la ley de 2008 la RGI debería ser 1.026 euros (300 más). El proyecto de ley establece la RGI para 2023 en 737,44 euros, algo más que en 2022, pero que no cubre ni siquiera la pérdida de poder adquisitivo que la RGI va a tener este año”.
Por tanto, la responsable de ELA ha denunciado que la reforma pretende consolidar los recortes que se están dando en las prestaciones sociales. Además, Landaluze ha rechazado el intento de eliminar en dos años la Prestación Complementaria de Vivienda y las medidas del proyecto que, en la línea de lo que defiende la extrema derecha, criminalizan a las personas perceptoras y las trata como presuntas delincuentes.
Por su parte, Noval ha indicado que el debate de las prestaciones sociales es muy importante. Hablar de la RGI es hablar de cuál es el nivel de ingresos que tienen garantizadas las personas y familias, decidir si queremos garantizar unos ingresos que permitan salir de la pobreza o no. Y la evidencia es que el actual sistema es claramente insuficiente. “No lo dice ELA, lo dice la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco: de cada 100 personas en situación de riesgo de pobreza, el sistema de prestaciones deja fuera del mismo a 30, a 37 les cubre pero de manera que no les permite salir de la pobreza, y tan solo saca de ésta al 33% restante. Por tanto, el sistema es insuficiente, y hay que mejorarlo sustancialmente”.
Noval ha recordado que el sindicato, junto al resto de miembros de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, planteó una ILP contra la pobreza y la exclusión social, que contó con el aval de más de 51.000 firmas, y que ni siquiera fue admitida a trámite para su debate.
Noval ha señalado que ELA reclama la retirada del proyecto de Ley, la aplicación inmediata de la Ley de 2008, sin recortes, y la apertura de un debate social real para poner las bases de un sistema de prestaciones sociales merecedor de ese nombre.