impuesto a las grandes empresas energéticas

El sometimiento del PNV a las grandes empresas energéticas costará 100 millones a las arcas públicas de la CAPV

23/01/2025
El PNV votó junto al PP, VOX, Junts y UPN en contra del decreto para establecer un impuesto temporal para 2025 a las grandes empresas energéticas. El impuesto a las energéticas ha recaudado en torno a 200 millones en la CAPV entre 2023 y 2024.

El Congreso de los Diputados derogó ayer el decreto para establecer un impuesto a las energéticas en 2025. El PNV, junto al PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra del impuesto, mientras que el resto de la cámara (salvo Coalición Canaria, que se abstuvo) ha votado a favor.

El texto derogado establecía un impuesto durante el 2025 a las entidades que tengan la consideración de operador principal en los sectores energéticos cuya cifra de negocios en 2019 tuviera un importe neto superior a los 1.000 millones de euros. Esto es, sólo afecta a las grandes compañías energéticas.

Este impuesto, al haber sido derogado, dejará en manos de los y las accionistas de empresas como Repsol o Iberdrola lo que han venido recaudando las administraciones públicas, en torno a 200 millones entre 2023 y 2024 en la CAPV y 3.000 millones al año a nivel estatal.

Hay que recordar que los últimos años las empresas energéticas están teniendo beneficios de record. Por ejemplo Repsol, cuyo Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, ha presionado al PNV para que vote contra este impuesto, ganó 2.500 millones en 2021, 4.250 millones en 2022, 3.168 millones en 2023 y 1.625 millones en los seis primeros meses de 2024.

Decisiones como esta repercuten en que cada vez el reparto de la riqueza se más desigual y en que esté aumentando la pobreza mientras sigue creciendo la economía.