ELA abandona la mesa sectorial estatal del sector de justicia
ELA expresa su más enérgico rechazo ante la privatización del Registro Civil por medio de un Real Decreto de “medidas de urgencia” que incluye cuestiones variopintas como “depósitos bancarios, aumentos de plazas del ejército, actos sobre una exposición de Picasso, becarios, hoteles en los puertos…” y otras que tienen muy poco que ver con la liquidación definitiva de un servicio público históricamente gratuito. El abuso reiterado del Gobierno de esta práctica persigue destruir puestos de trabajo, eludir la negociación colectiva, evitar el debate parlamentario a toda costa y esconder de la opinión pública la privatización que acarreará graves consecuencias para la ciudadanía cuyos datos personales se ponen en manos privadas.
En cuanto a la pretendida “negociación” del anteproyecto de reforma de la LOPJ, ELA denuncia una vez más la farsa del mal llamado “grupo de trabajo”, pues se trata de una “simulación de negociación”. La negativa de la Administración a “discutir el modelo dispuesto en el texto” condenó de antemano el resultado del grupo de trabajo y de la presentación de alegaciones por escrito, haciendo inútil la convocatoria de la Mesa sectorial. Es precisamente ese modelo lo que constituye una auténtica agresión al concepto de justicia pública, gratuita y descentralizada que ELA defiende. El texto remitido por el Ministerio confirma la esperada inadmisión de prácticamente todas las aportaciones de ELA e impone un concepto centralista de la justicia y un descarado recorte de las competencias autonómicas (incluidas las históricas reconocidas a la Comunidad Foral de Navarra) . Este modelo es el opuesto al que ELA viene reclamando y supone un claro empeoramiento del texto vigente.
ELA considera que hay que entender esta reforma en conjunto con el resto de normas ya dictadas (Ley de Tasas, privatización del Registro Civil, liquidación de la Justicia Universal) y de las proyectadas (reforma de la LOPJ, de la Justicia Gratuita…) y que todas ellas suponen una labor deliberada del Gobierno orientada a poner trabas al acceso de la ciudadanía a la justicia por medio del repago, la privatización y el recorte en el empleo público cuyo fin último es la liquidación del servicio público de la Justicia.
En atención a estas consideraciones el sindicato ELA abandona la reunión de la Mesa sectorial en su firme voluntad de no legitimar este ataque a los derechos de la ciudadanía, a las competencias legítimas de las Comunidades Transferidas, al empleo público y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras a quienes representa. Por ello, ELA hace un llamamiento a la movilización al resto de sindicatos y agentes sociales.