ELA apoya a los familiares de víctimas de la violencia policial en su denuncia pública contra el Tribunal Constitucional

Este es el texto dado a conocer por dicho colectivo en conferencia de prensa:

“En estos días el Tribunal Constitucional Español ha resuelto el recurso interpuesto por el Partido Popular contra la Ley Foral de reconocimiento a las víctimas de motivación política producida por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Ley Foral que fue aprobada por el Parlamento Navarro en los últimos días de la anterior legislatura. La sentencia, con cuatro votos discrepantes, es la de la práctica derogación de la ley. El motivo señalado es que esta ley pretendía de alguna forma sustituir la acción de los tribunales de este supuesto estado de derecho, permitiendo que la investigación de delitos provocados por los funcionarios públicos y otros grupos para-policiales se realizase al margen de la judicatura.

Esta ley, cuando fue recurrida, quedó en suspenso salvo en lo que se refiere a la posibilidad de homenajear a las víctimas y poco más. Así, 18 de febrero de 2017 se realizó un homenaje en el que participamos algunos familiares. Eso sí, dicho acto de reconocimiento debía ser de carácter genérico, y no pudieron ser expresamente mencionados ni casos ni nombres. Nunca habría hecho falta una ley con estos contenidos si alguna vez la judicatura hubiera hecho el trabajo que tiene encomendado, es decir, buscar a los culpables de hechos delictivos, juzgarlos, por supuesto con justicia, y condenarlos a una pena justa a su delito probado. Sin embargo nos tiene acostumbrados al sobreseimiento de causas en las que estén implicados cualquier miembro de las fuerzas de seguridad; y, en el mejor de los casos, a condenas y penas ridículas e insultantes, si no es que finalmente resultan indultados.

La sentencia del TC era previsible, pero no por ello deja de herir nuestra dignidad. Y decimos lo de previsible porque tenemos en la memoria reciente casos que en diversos estamentos judiciales se han resuelto de una forma que ha producido en la sociedad una reacción de asco y repulsa. Nos referimos a sentencias como la del caso Altsasu, que convierte una simple pelea de bar en un delito con altas peticiones de años de cárcel; o como la de la Manada, en la que una violación grupal resulta en un simple abuso sexual.

Las diversas fiscalías del Estado también nos tienen acostumbrados a actuar de oficio solo contra expresiones que incluyan la monarquía, el gobierno o supuestas exaltaciones del terrorismo, y se “olvidan” de actuar contra grupos y asociaciones de carácter fascista y de extrema derecha.

El cambio de Gobierno en la comunidad foral supuso para nosotras el final institucional de muchos años de silencio y olvido. Recibimos con alegría la creación de la oficina de paz, convivencia y derechos humanos. Algunas fuimos convocadas al parlamento foral a explicar nuestros casos en comisión parlamentaria durante el proceso de elaboración de la ley hoy anulada. Por supuesto, pensamos que tanto las actuaciones del Gobierno de Navarra como las de la oficina de paz y convivencia son mejorables, pero mantenemos una línea de comunicación estable y que era totalmente impensable hace pocos años.

No es así en cuanto al Gobierno central. Para nosotras da igual quien gobierne, siempre nos encontramos con una oposición total a nuestras reivindicaciones, con un muro de impunidad formado por el PSOE y el PP. Así tapan sus respectivas vergüenzas de guerra sucia o terrorismo de estado. No importa lo que voten en el parlamento de Navarra, sus direcciones y las de sus aliados en Madrid siempre dan una respuesta contraria y obstruccionista.

 Esta ley ya entró con prisas en las últimas semanas del anterior Gobierno de UPN, con Yolanda Barcina como presidenta, y promovida por IE. No era una ley perfecta, por supuesto mejorable, pero era nuestra ley, la que aprobaron nuestros representantes en el Parlamento Foral. Además del reconocimiento y la reparación dejaba puertas abiertas a la creación de comisiones que investigasen casos que la justicia ordinaria había dejado en el olvido. La anulación de prácticamente todo el articulado supone, independientemente de lo que nos afecte a las víctimas de la violencia policial, un atentado a la soberanía de nuestro Parlamento y por ende a la de todxs lxs navarrxs. Otra más a añadir a la amplia lista de leyes navarras recurridas por Madrid.

En ningún caso es nuestra pretensión convertirnos en legisladores, y mucho menos en jueces, o influir en decisiones de una futura ley de víctimas de violencia policial, aunque sí ser escuchadas. Las victimas no debemos tomar parte en decisiones que atañen exclusivamente al poder legislativo. Que las víctimas fuesen jueces o legisladores de sus propios victimarios ya estaba prohibido en el derecho romano y con razón: nuestras trágicas experiencias nos impedirían seguramente ser justos e imparciales.

Reivindicamos la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de la violación sufrida de los derechos humanos. Si tanto el reconocimiento como la reparación, sea institucional, social e incluso, la menos importante para nosotras, económica, no van acompañados del derecho a una justicia que conduzca hacia la verdad de los hechos, las heridas se cerrarían en falso. Para nosotrxs el dolor sufrido no tiene precio.

La historia debe recoger todos los relatos con imparcialidad y lo que, sobre todo, exigimos es que todas las víctimas de la violencia política de estos años tengamos los mismos derechos, sin clasificarnos en victimas de primera o de segunda. Todos los derechos para todas las víctimas”.

Firmado:

Aitziber Berrueta, Ana Fernández, Argine Salanueba, Aingeru Cano, Begoña Castillo,  Karlos Delas, Mª José Gurmindo, Javier Izura, Eneko Etxeberria, Nerea zabala,  Fermín Rodriguez, Txaro Arregi y Begoña e Idoia Zabalza