ELA apoya la manifestación del próximo 12 de enero
ELA considera injusta, inhumana y contraria a derecho la política penitenciaria que los estados español y francés practican con los presos y presas políticas vascas
- La dispersión afecta a más de 600 presos, que son repartidos por toda la geografía española y francesa, con el objeto de alejarlos de sus lugares de origen, infligiendo un grave perjuicio a los propios reclusos, a sus familiares y a sus amigos.
- Persiste la negativa a excarcelar a las personas presas con enfermedades graves incurables como la ley prevé.
- Y persiste la aplicación del alargamiento de penas, mediante la aplicación de la doctrina llamada Parot, y ello a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló, por unanimidad, que esa práctica viola el principio de legalidad y el derecho a la libertad y seguridad del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Esta política penitenciaria responde a criterios de venganza, y encuentra su legitimación en el Pacto Antiterrorista suscrito por PP y PSOE en el año 2000, que fué refrendado por las confederaciones sindicales españolas y francesas en marzo de 2001. Los postulados represivos, antidemocráticos y antisoberanistas de ese pacto son compartidos, lamentablemente, por todos los aparatos del estado, por el gobierno francés y por un sinfín de instituciones, organizaciones y medios de comunicación españoles. Aquel pacto –como se puede comprobar ahora tras el cese definitivo de las acciones armadas por parte de ETA– iba mucho más allá del repudio a la violencia.
La vigencia de ese pacto explica también la negativa del gobierno español a gestionar el escenario de paz abierto por la decisión unilateral de ETA de abandonar definitivamente la lucha armada hace año y medio. EL A quiere llamar la atención sobre un hecho: nunca ningún gobierno de los estados español y francés ha tenido la oportunidad que hoy se presenta para resolver definitivamente este problema de naturaleza política.
Creemos que esa política penitenciaria y esa negativa a abordar un proceso de paz tiene además dos objetivos inaceptables. Por una parte, imponer un relato del conflicto que considere exclusivamente el sufrimiento de una parte y legitime la política represiva del estado. Por otra, tratar de condicionar el tránsito a la política normalizada del movimiento sociopolítico en el que ETA encontró históricamente su legitimación para que acepte acríticamente, no sólo ese relato unilateral, sino también el modo en que se realizó la transición política en el estado español en relación con la llamada “cuestión vasca”.
ELA cree que es tiempo de derogar el Pacto Antiterrorista, de inaugurar una pedagogía de la resolución del conflicto, de impulsar la reconciliación basada en la verdad y la justicia, y de iniciar un diálogo político orientado a resolver todos los aspectos relacionados con el desarme, las personas presas y exiliadas. Asimismo, deben darse pasos efectivos para el reconocimiento de todas las víctimas. Es lo que una inmensa mayoría social reclama en nuestro país.
Creemos que es preciso activar también movilizaciones a favor de los derechos humanos y la resolución. Y en concreto, exigimos ahora que se den pasos concretos en relación con la política penitenciaria.
En ese camino, y como viene haciendo desde hace años cada mes de enero, ELA llama a sus afiliados y afiliadas a participar en la manifestación que se celebrará el próximo día 12 de enero en Bilbao bajo el lema “Derechos humanos, resolución paz. Euskal presoak Euskal Herrira”.
Asimismo, anima a todos y todas a participar en las concentraciones que se celebrarán en todas las ciudades y pueblos el último viernes de mes, día 28 de diciembre, por los derechos de los presos y presas políticas vascas.