ELA calcula en 300 millones el fondo para los ERTE y propone al Gobierno Vasco un plan para participar en empresas estratégicas
ELA exige al Gobierno Vasco una reacción urgente para hacer frente a las consecuencias de la crisis en el empleo. En tan solo tres meses se han destruido 33.000 empleos y 100.000 personas están en ERTE (crecen los de razones productivas y descienden los de fuerza mayor). Muchas otras empresas anticipan el final de pedidos o su disminución y existe riesgo de que los ERTE se conviertan en ERE. Por ello, es urgente tomar medidas para salvar el mayor número de empleos y proteger a las personas que lo pierdan.
Hay que derogar leyes y normas (reformas laborales) que extienden la eventualidad, facilitan los despidos y reducen salarios. La prohibición de los despidos en empresas con beneficios es urgente, y los partidos políticos vascos deben presionar para que esta medida se tome inmediatamente. Aunque ello no sea competencia directa del Gobierno Vasco (aun así escuchamos con preocupación al lehendakari, contrario a derogar las reformas laborales), sí lo es complementar las cotizaciones y salarios de la clase trabajadora de nuestro país, sobre todo los salarios más bajos.
En esta cuestión, ELA ya ha propuesto la creación de un fondo público vasco de aplicación para todos los sectores profesionales, financiado por los beneficios de las empresas (recargo en el impuesto de sociedades) y condicionado a mantener todo el empleo, incluyendo el temporal. El monto de dicho fondo podría rondar los 300 millones; es decir, una cuarta parte de la recaudación del impuesto sobre sociedades en la CAPV. Ante la urgencia que requiere la medida, ELA transmite al Gobierno Vasco su disposición a reunirse para lograr un acuerdo.
Junto a este complemento el sindicato ha advertido de las situaciones de pobreza que puedan derivarse de las situaciones de desempleo y ha solicitado recientemente una prestación para las personas desempleadas que mediante la RGI o la RG llegue al SMI.
Además, ELA considera que debe afrontarse ya el debate sobre el modelo productivo del país, definir sus debilidades y desafíos para blindar sectores estratégicos: qué y cómo producimos en una estrategia de transformación social y ecológica del sistema productivo. Es un debate que nuestros gobiernos no deberían rehuir. Las medidas no pueden perpetuar un modelo insostenible, y que además no tiene futuro ni siquiera desde un punto de vista competitivo.
Transformar la política industrial implica relocalizar la producción de los bienes esenciales. Ello requiere un fuerte impulso público, que incorpore la participación o incluso la nacionalización de empresas estratégicas (el Gobierno Vasco debería dotar un presupuesto de 2.300 millones de euros para ello si hiciese un esfuerzo proporcional al que acaba de aprobar el Gobierno alemán). Existe un potencial de crear decenas de miles de empleos en esta transformación ecológica (rehabilitación de edificios; energías renovables; cambio de la movilidad penalizando el uso del vehículo privado y apostando por el transporte público, colectivo y no contaminante; gestión de residuos, agroecología, comercio de cercanía…).