ELA califica de “reparto de la precariedad y la pobreza” el supuesto “reparto de trabajo” propuesto por Barcina en la Administración

ELA considera que la propuesta del Gobierno de Navarra de convertir los nuevos contratos en la Administración en contrataciones a tiempo parcial con la correspondiente merma salarial supone otro intento más de extender la pobreza a cambio, en el mejor de los casos, de maquillar las listas del paro. De confirmarse los detalles conocidos hoy, el Gobierno de Barcina insiste en seguir recortando empleo público, y anuncia que solo va a incidir en cómo repartir esa 'tarta' cada vez más menguante. Eso supone, ni más ni menos, repartir la pobreza y la precariedad, y no se trata en ningún caso de repartir el trabajo con el objetivo de crear empleo, algo por lo que siempre ha luchado ELA.

El Gobierno de Navarra anuncia esta medida precarizadora siguiendo su línea de los últimos años. Según sus propios datos, el Ejecutivo de Barcina ha destruido 1.600 puestos de trabajo en menos de un año y medio (de 25.025 contratados en 2011 a 23.440 en abril de 2013), ha recortado los salarios más de un 12% desde mediados de 2010, aparte de no actualizar el IPC de estos últimos años. Además, la Administración foral no sustituye cientos de bajas ni cientos de jornadas de vacaciones, cerrando el paso a la contratación de sustituciones. Por si fuera poco, no concede permisos para la formación de sus trabajadores (lo que también era una entrada de contratados). Tampoco repone las jubilaciones (más de 500 solo en 2012), yendo incluso mucho más allá que el recorte impuesto por Rajoy (redujo la tasa de reposición al 10%; Barcina no repone nada). En cuanto a Educación, la ampliación de ratios por alumno y de horas lectivas ha supuesto la destrucción de casi 800 puestos de trabajo en los últimos tres años, y esta es una medida plenamente reversible si hubiera voluntad política real de combatir el desempleo.

Por último, la propuesta de atender la demanda voluntaria de aquellos trabajadores/as que deseen reducir su jornada solo puede ser aceptada si existe la total garantía y vinculación para que las horas de trabajo liberadas se conviertan inmediatamente en puestos de trabajo, a fin de evitar otro coladero para la destrucción de empleo.