ELA, CCOO y LAB denuncian la connivencia entre ayuntamientos y empresas en el conflicto de la OTA de Gipuzkoa

Así las cosas, los sindicatos entienden que los incumplimientos que se dan en la subcontrata de OTA y Grúas no suponen un problema para los ayuntamientos, que las ve con buenos ojos. “Los ayuntamientos están de acuerdo en que las empresas del sector defrauden a la ciudadanía de Gipuzkoa”, afirman. Los trabajadores de OTA y Grúas de Gipuzkoa han denunciado falta de personal, contrataciones y fraude en los medios disponibles.

ELA, CCOO y LAB denuncian los siguientes incumplimientos en las diferentes contratas de Gipuzkoa:

1. Personal repetido
Actualmente Estacionamientos y Servicios SA (Eysa) es la empresa más importante del sector en Gipuzkoa, ya que está subcontratada por los ayuntamientos de Getaria, Zumaia, Orio y Errenteria, además de en Donostia-San Sebastián.

Sin embargo, en los últimos años son trabajadores del pliego de Donostia los que acuden a Getaria, Zumaia o Orio para trabajar en verano, y durante el año reparan máquinas en Errenteria. Es decir, esta empresa adjudicataria consigue el dinero de ambos ayuntamientos dejando el servicio en Donostia con menos trabajadores. Dicho de otro modo, la ciudadanía de Gipuzkoa paga dos veces a esta empresa por el mismo trabajo.
2. Material:

Del mismo modo que con los recursos humanos, los ayuntamientos de Gipuzkoa destinan parte de sus presupuestos a los recursos materiales. Por ejemplo, del contrato del Ayuntamiento de Donostia está presupuestado en torno a 100.000 € anuales para furgonetas y vehículos de trabajo. Sin embargo, en el caso de Errenteria, por ejemplo, la furgoneta que está en San Sebastián acude a realizar esta labor (reparación de maquinaria), obteniendo, para ello, dinero del ayuntamiento de Errenteria, claro.
Es decir, como en el caso de los trabajadores, la empresa adjudicataria utiliza en el mismo lugar el material que dos ayuntamientos han pagado por ello.

En el caso de las grúas, además, existe un déficit casi perpetuo de materiales para el correcto funcionamiento del servicio.

3. Falta de personal:
Según el Ayuntamiento de Donostia, 96 trabajadores deberían trabajar en esta subcontrata. Además, se proponía en la oferta de la empresa actual que se incluyeran 79 controladores, necesitando para ello 2 trabajadores más. Bajo estas ofertas se realizaron las estimaciones del coste económico, con unos gastos totales de 3,7 millones de euros anuales.
A día de hoy, en San Sebastián hay 87 trabajadores en alta en la empresa adjudicataria, lo que supone una reducción del 10% de la oferta a la realidad. Esto supone un ahorro anual económico para la empresa de 270.000 €.

Del mismo modo, en la subcontrata de Irún, en manos de la empresa Valoriza, diariamente al menos una ruta se queda sin cubrir por falta de personal. Es decir, en ambas subcontratas las plantillas van menguando en la realidad pero no así en los presupuestos.
4. Absentismo del personal:
En los contratos municipales, para hacer frente al absentismo de los trabajadores se adjudica a la empresa un 5% más de presupuesto. En el caso de Donostia eso supone 140.000 € anuales
A día de hoy, sin embargo, las bajas del personal, vacaciones, medias jornadas, licencias, etc. no se cubren, por lo que ese 5% se lo embolsan las empresas.
5. Nuevos vehículos
En los últimos tiempos se han ido añadiendo nuevos vehículos como coches (Donostia e Irún) o motos (Irún) al servicio de la OTA. Se decía que esto no sólo implicaba la pérdida de plantilla sino que facilitaría el día a día de los controladores puesto que los coches multarían de modo automático. Hoy en día, sin embargo, las cámaras no funcionan, por lo que los vehículos solo sirven para que los controladores se muevan. Es decir, en lugar de caminar los controladores van en coche utilizando la máquina de mano.

ELA, LAB y CCOO entienden que los ayuntamientos deberían vigilar y controlar el servicio de la OTA, ya que el equilibrio entre las empresas adjudicatarias, plantillas y consistorios es hoy inexistente. Consideran que las empresas que prestan el servicio está cometiendo un fraude a los ciudadanos y ciudadanas de Gipuzkoa, algo que no es legítimo aunque tenga el visto bueno de los ayuntamientos.