ELA celebra el acuerdo alcanzado por CiU y ERC en torno a un proceso que puede culminar con una consulta por la independencia de Cataluña en 2014
Los marcos definidos por la Constitución española y los estatutos de autonomía, la gestión neocentralista de las competencias, todo ello unido a una cultura política española de muy escasa raigambre democrática, han convertido a España en un corsé insoportable para las naciones que, como Cataluña y Euskal Herria, aspiran a ser reconocidas en el concierto de las naciones europeas.
En este sentido, es preciso destacar la disposición de ambas fuerzas y de las instituciones catalanas de autogobierno para confrontar democráticamente con el estado, en defensa de una referencia democrática básica, como es el derecho a decidir del pueblo catalán. La referencia final a la consulta como mecanismo cumbre donde se une la participación popular con el proceso institucional tiene una enorme fortaleza práctica y simbólica.
El acuerdo evidencia, asimismo, la existencia de una clase política sensible a las demandas populares sostenidas durante todos estos años, especialmente la expresada en la manifestación del pasado 11 de septiembre. Con el acuerdo, los firmantes ponen una aritmética parlamentaria y los resortes institucionales al servicio de esa demanda social mayoritaria. ELA valora enormemente este proceso de movilización popular que se ha sostenido durante años y que, a buen seguro, deberá prolongarse en el tiempo, precisamente para que las instituciones sean capaces de sostener este pulso ante el estado.
ELA condena las amenazas que han comenzado a verterse desde las más altas instancias del estado español, incluidas organizaciones militares, como las de destituir al President, suspender la autonomía, desprestigiar internacionalmente el proceso, recurrir preventivamente a los tribunales, y hasta ocupar el país por la fuerza. Merece la pena comparar estas amenazas con la actitud y el acuerdo alcanzado por el gobierno británico con el gobierno escocés, en relación también con una consulta por la independencia. Resulta evidente la incapacidad del estado español para soportar un debate estrictamente democrático.
ELA lamenta el hándicap que, en nuestro país, supone la incapacidad de las fuerzas abertzales para acordar unos mínimos comunes con el objetivo de alcanzar el reconocimiento nacional. Ello resulta aún más grave en un momento en que el estado está en plena ofensiva neocentralista y uniformizadora. En este sentido, no podemos sino manifestar nuestra sorpresa por las referencias a la bilateralidad que el nuevo gobierno de Gasteiz ha comenzado a realizar precisamente cuando se amplía el abanico de materias afectadas por la involución neocentralista: desde la reforma educativa, hasta cuestiones como el límite de deuda de las autonomías, el copago o la aplicación de las reformas y recortes.
En ese contexto, sorprende que el Gobierno Vasco llegue a extender la posibilidad de bilateralidad a un eventual debate de autogobierno en el que se buscaría un acuerdo con “todas” las sensibilidades políticas. Creemos que estas posiciones revelan, más que nada, la renuncia a cualquier elemento de confrontación democrática con el estado, convirtiendo, entre otras cosas, en inoperante la mayoría abertzale expresada en las pasadas elecciones autonómicas.