ELA considera abusiva y desproporcionada la petición de penas por el conflicto de Tubacex

ELA considera desproporcionadas y abusivas las peticiones de cárcel contra varios jóvenes efectuadas en el marco de la huelga de Tubacex, y denuncia que se trata de un nuevo intento de criminalizar las protestas laborales, sacándolas del ámbito laboral y covirtiéndolas en objeto de derecho penal y orden público.

Como ELA ya denunció en su día, el conflicto laboral de Tubacex fue abordado por el Gobierno de Gasteiz como un problema de orden público, tratando de criminalizar la lucha de los trabajadores y trabajadoras en defensa de sus puestos de trabajo. El Gobierno de Gasteiz actuó siempre a favor de los intereses de la empresa, utilizando a la Ertzaintza incluso para cachear a la representación de la plantilla antes de acceder a las reuniones.

Las autoridades políticas del Gobierno Vasco han contribuido así a la criminalización de dichos conflictos; situaciones habituales en un conflicto laboral ordinario se han convertido en cuestiones de derecho penal. En algunos casos, las actuaciones policiales fueron desproporcionadas por mandato del propio Gobierno y las consecuencias las sufrirán los trabajadores o trabajadoras.