Es inaceptable que PNV y Unidas Podemos (a favor) y EH Bildu (abstención) avalen el artículo 135 (regla de gasto) que impusieron Zapatero y Rajoy
El Congreso ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria (2020-2023) propuestos por el Gobierno de España. Entre estos objetivos se encuentra la regla de gasto (porcentaje máximo de incremento del presupuesto, que afecta a todas las instituciones, incluidas las autonómicas, forales o municipales). Para 2020, la propuesta del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos es de un aumento del 2,9%, apenas una décima más del 2,8% aprobado por Rajoy para 2020. Además, todas las instituciones deben cumplir también los límites de déficit púbilco y de deuda pública.
En los últimos años, las instituciones de Hego Euskal Herria están teniendo un importante superávit presupuestario, pero la regla de gasto topa sus presupuestos. El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra acordaron con Rajoy una regla de gasto del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020 (es decir, que su presupuesto en ningún caso aumentaría por encima de esas cifras, las mismas que Rajoy impuso al resto de CCAA; si se recauda más, va a amortizar deuda).
Aumentar la regla de gasto a un 2,9% supone dar por buena la misma dosis de austeridad del gobierno de Rajoy, con un 0,1 de incremento. La regla de gasto es una de las bases para lograr la pérdida de peso del sector público en la economía: una insuficiente dotación de recursos deteriora los servicios públicos y agrava el recorte de las prestaciones sociales (pensiones, etc.). Así, el Gobierno español asume la política presupuestaria de la Troika. Es imposible que los presupuestos sean sociales si tienen que cumplir esa restricción presupuestaria.
Por ello, ELA considera inaceptable que PNV, Unidas Podemos (ambos votando a favor) y EH Bildu (abstención, que ni siquiera era necesaria) avalen esta política de austeridad, que da por bueno el artículo 135 impuesto en 2011 por Zapatero y Rajoy. Lo aprobado en el Congreso impone los límites presupuestarios de las instituciones de la CAPV y Navarra para los próximos años. Ello supone naturalizar los ataques al autogobierno y la prohibición de hacer políticas propias en Hego Euskal Herria.
No hay novedad en la posición del PNV, coherente con su posición habitual, favorable a las políticas presupuestarias de austeridad. Hay que recordar que los votos de ese partido fueron necesarios para aprobar los objetivos de estabilidad de Rajoy. Sin embargo, la justificación de EH Bildu para dar luz verde a los objetivos de la ministra Calviño es especialmente preocupante; es una explicación muy parcial y con un efecto limitado para que los ayuntamientos con superávit puedan aumentar sus inversiones sostenibles. Esa pequeña flexibilidad ya existe, pero está muy restringida legalmente.
ELA considera que para llevar a cabo políticas presupuestarias progresistas e impedir que los presupuestos de las instituciones vascas se decidan en Madrid es indispensable derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuestión que debería ser prioritaria para cualquier fuerza soberanista y/o progresista.