ELA convoca una semana de huelga parcial del 9 al 15 de junio

Hace ya más de 6 años, previamente a culminarse la transferencia de prisiones en octubre de 2021, ELA presentó al Gobierno Vasco las bases en la que debería de pivotar, en su opinión, el modelo penitenciario vasco. En el documento presentado al Gobierno, el sindicato manifestaba que la transferencia no podía ser un mero traslado de responsabilidades de gestión, sino que debía dotar de capacidad para desarrollar una política penitenciaria propia, distinta al modelo Estatal que se había mostrado en demasiadas ocasiones deshumanizado, colapsado e incapaz de llevar a cabo los objetivos de reinserción que la propia ley establece.

ELA abogaba por un modelo de ejecución penal público, más humano, que integrara políticas educativas, sanitarias, laborales, de justicia y de igualdad, un modelo euskaldun y acorde a la idiosincrasia de nuestro país. Todo con un objetivo: la reinserción social.

Para ello, se solicitaba al Gobierno vasco medios humanos y materiales adecuados, así como unas infraestructuras acordes a las necesidades, con centros de cumplimiento en régimen ordinario y centros de inserción social en régimen abierto en cada uno de los territorios históricos.

Pasados cuatro años desde la transferencia, lejos de una mejora en el sistema, la realidad actual se caracteriza por una alarmante indefinición en el modelo, una población interna muy superior a la capacidades óptimas de las cárceles, una acuciante falta de personal, y un deterioro de las condiciones laborales que, imposibilitan la reinserción efectiva y ponen en riesgo la seguridad de trabajadores e internos.

Ante la cerrazón del Departamento y tras realizar innumerables asambleas con el colectivo de trabajadoras y trabajadores; ELA ve necesaria dar un paso más en las movilizaciones, y ha convocado una huelga parcial de una semana: paros de tres horas diarias de 13 a 16 horas, desde el próximo 9 de junio hasta el 15 de junio. ELA advierte de que estos paros podrán continuar si el Departamento no da respuesta satisfactoria a las siguientes reivindicaciones:

1. Acordar con la parte sindical, en el plazo máximo de 6 meses, una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que tenga en cuenta la idiosincrasia de los centros existentes en la CAPV ( incluido el nuevo de Gipuzkoa ) y las necesidades reales de la población interna para lograr el objetivo final, que no puede ser otro que la reinserción de la persona penada.
2. Mientras se llega a este acuerdo, de manera inmediata se contrate personal que cubra los 886 puestos de trabajo incluidos en la RPT impuesta por el propio Departamento de Justicia.
3. Tras acordarse la RPT y para acabar con la temporalidad, se negocie y acuerde una OPE que cubra las necesidades acordadas en la RPT como muy tarde antes de finalizar el año 2026.
4. Acordar con los sindicatos un acuerdo de condiciones de trabajo: Transcurridos cuatro años, los trabajadores y trabajadoras siguen sin tener una condición laboral definitiva que cumpla con las reivindicaciones de la plantilla.
5. Valoración económica del trabajo en prisión: Que tenga en consideración la importancia, dificultad y responsabilidad de las labores que se realizan en la administración penitenciaria. Mientras se valora de manera definitiva, ELA solicita un complemento específico singular para todos los colectivos.
6. Al personal contratado se le debe garantizar una formación. Es necesario crear de manera inmediata una Escuela Vasca de Estudios Penitenciarios, para llevar a cabo la formación teórica practica del nuevo personal penitenciario , así como para reciclar y aumentar las capacidades del actual personal. Así como planes específicos y efectivos para el aprendizaje del euskera y medidas para garantizar el derecho a trabajar en euskera en las prisiones de la CAPV.
7. Régimen de Horarios y Turnos que cumpla con la legalidad vigente: Acordar con la parte sindical un régimen de horarios y turnos que respete la legalidad vigente en materia de salud laboral etc., e imposibilite como hasta la fecha jornadas de trabajo interminables, que han sido denunciadas y rechazadas por la propia Inspección de Trabajo.
8. Mejora en las instalaciones: En general y de las cocinas en particular, las cuales tienen importantes deficiencias que ponen en peligro la seguridad de las personas trabajadoras y la seguridad alimentaria de las personas internas. (Por ejemplo, en la cocina de Zaballa se han dado inundaciones )
9. Una Política de Seguridad y Prevención en el Trabajo: Que dé respuesta a los problemas de los centros, entre ellos el aumento de agresiones y de la conflictividad y que acabe con la discriminación que sufren las mujeres (EPIs...) .
10. Garantía de los Derechos Sindicales: Con acceso y locales para las y los representantes de la plantilla, sin las limitaciones y prohibiciones que imponen las direcciones de cada uno de los centros penitenciarios.

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