ELA denuncia la criminalización y exige el archivo de la causa contra las protestas

ELA denuncia que la acusación de ser una organización criminal y la petición de 20 años de cárcel y 56.000 euros a siete personas que participaron en las protestas contra el proyecto de Aroztegia es parte de la estrategia de criminalización y castigo de los movimientos sociales. Hay que recordar que en esas mismas protestas la Guardia Civil multó a varios medios de comunicación.

ELA defiende el derecho de los movimientos sociales y de la clase trabajadora a la movilización para defender sus derechos y el compromiso que tiene la ciudadanía con la defensa de la tierra.

El proyecto de Aroztegia (hotel de lujo, campo de golf y más de 200 viviendas), además de suponer una especulación urbanística en el Valle de Baztan, busca principalmente el beneficio de grandes constructoras a costa de un impacto medioambiental y social totalmente negativos.

ELA apuesta por un modelo de desarrollo sostenible y ligado a la conservación de los valores naturales de la zona y a la mejora de la vida de las personas que viven en el entorno. Por eso, exige el abandono del PSIS y la devolución de las tierras.