ELA denuncia la privatización de las cárceles y la destrucción de empleo público

19/09/2013

ELA denuncia un proceso de privatización en las cárceles y la existencia de un déficit estructural de personal que impide desarrollar un trabajo público de calidad, además de empeorar día a día las condiciones laborales de sus trabajadores.

Cuando la destrucción de empleo resulta imparable como consecuencia de la falta de OEP- desde el 2011 ninguna contratación-, la inexistencia de tasas de reposición y el envejecimiento de las plantillas, resulta escandaloso que la administración contrate, sin ninguna necesidad, empresas de seguridad privada para “reforzar” la seguridad exterior de las prisiones.

Este proceso de privatización -esta es la punta del iceberg- se está llevando con especial opacidad por los responsables de Madrid. No se nos da respuesta del porqué de estas contrataciones, para qué sirven, qué empresas son y quienes son sus dueños.

Frente a esto, ELA ha seguido denunciando la realidad de las cárceles vascas. Las prisiones de Basauri y Martutene carecen de los más elementales equipamientos en sus secciones abiertas. Especialmente sangrante es el caso de Basauri donde las mujeres presas sufren una doble discriminación: no existe unidad de madres ni sección abierta para ellas; en ambos casos deben irse fuera.

Mientras Basauri y Martutene se encuentran colapsadas, las cárceles de Iruñea y de Zaballa se encuentran al 40% y 55% de lo que deberían ser sus plantillas de trabajadores/as. Como consecuencia de la falta de personal, en la prisión de Iruñea se han reducido el número de visitas.

También ha denunciado el cierre de Ametzagaña (la única Unidad Dependiente de la CAPV que trabajaba por la inserción socio-laboral de jóvenes presos).

Por último ha vuelto a demandar al Gobierno Vasco que aborde de manera urgente el traspaso de esta competencia. Desde la responsabilidad que le corresponde no puede seguir aceptando para nuestro País un modelo de prisiones, en algunos aspectos deshumanizado, colapsado y que supone un fracaso.

Tampoco debe asumir una política penitenciaria que sigue aplicando medidas excepcionales a los presos/as vascos que en muchas ocasiones chocan con el respeto a los derechos humanos y también a los deseos de paz que tenemos el conjunto de la sociedad vasca.