ELA denuncia que el Gobierno Vasco prioriza los intereses empresariales

La Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda promovida por el PNV y el PSE pretende disminuir el porcentaje de vivienda protegida del 75% al 60% en las nuevas promociones de vivienda (dejando más margen para construir vivienda libre). Para ELA, esta medida solo busca satisfacer las necesidades de las empresas constructuras. Construir vivienda protegida no es tan rentable como construir vivienda libre, por lo que se está anteponiendo el interés corporativo por encima de las necesidades de la ciudadanía.

A su vez, la nueva ley propone blindar una disposición anulada por los tribunales en la normativa de la RGI y que podría dejar sin esta prestación a colectivos muy vulnerables. La nueva normativa pretende que nadie sin un título válido de vivienda (de compra o de alquiler) pueda percibir la RGI, lo que puede entorpecer el acceso a esta prestación a personas que hayan subarrendado una habitación o estén en situaciones alegales.

Junto con la Ley, el Gobierno Vasco ha lanzado una línea de avales con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes. Según ELA, este tipo de medidas no dejan de ser un uso de recursos públicos para fomentar el negocio de la compraventa de vivienda y de la banca. Las medidas para fomentar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes pasan por este tipo de avales o por prestaciones (como los programas Gaztelagun o Emantzipa), los cuales suponen una transferencia de dinero del sector público al privado, además de traer un encarecimiento de los precios de la vivienda.

La vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas para la población, siendo uno de los motivos principales de empobrecimiento de la clase trabajadora. La vivienda es vista como un activo especulativo y no como un derecho, y las políticas en esta materia tanto del Estado español, como en Hego Euskal Herria han favorecido el negocio de las empresas constructoras y financieras. Esto ha provocado que los precios de la vivienda y del alquiler no hayan parado de subir durante los últimos años, superando, incluso, los niveles de la burbuja previa a la crisis de 2008.

ELA recuerda que la CAPV tiene competencia en materia de vivienda, pero el Gobierno Vasco se niega a desarrollar políticas reales para hacer efectivo el derecho subjetivo a la vivienda que se estableció en la ley de 2015. Desde luego, reducir el porcentaje de VPO va en el sentido contrario a garantizar ese derecho.

Por ello, ELA reclama una mayor dotación presupuestaria en vivienda para llegar como mínimo al 2% del PIB, desvincular la vivienda de los intereses empresariales, garantizando la construcción de vivienda pública en alquiler. Asimismo, es necesario movilizar la vivienda vacía a través de la aplicación del canon y destinarla al alquiler, y desarrollar la ley de vivienda para que toda la CAPV sea declarada zona tensionada, que la limitación de los precios sea en todas las viviendas en alquiler (no solo en las de los grandes tenedores) y que el índice máximo de precios se establezca en la CAPV con criterios objetivos y con control democrático.