ELA-Ertzaintza exige a la Consejera de Seguridad que sea consciente del estado de alarma social existente

20/09/2013
ELA-Ertzaintza exige a la Consejera de Seguridad que sea consciente del estado de alarma social existente, no utilice a la Ertzaintza como herramienta para silenciar los fracasos de la política económica y no trate de anular la legítima lucha de quienes más están sufriéndola, como esta misma semana en la empresa Incoesa.

 

La sectorial de ELA en la Ertzaintza quiere denunciar que como consecuencias de las políticas de ajuste estructural y en aplicación de leyes injustas, el poder político está utilizando a los trabajadores y trabajadoras de la Ertzaintza para dejar a personas sin casa y a trabajadores y trabajadoras sin trabajo.

 

Entre otros casos, esta misma semana hemos vivido la situación de la empresa Incoesa, una empresa que los empresarios pretenden deslocalizar su actividad y para ello han sacado la maquinaria de una empresa concursada con ayuda de la Ertzaintza. Entendemos que nuestra labor principal como ertzainas debiera ser la de proteger derechos fundamentales como son el derecho a la vivienda o al trabajo. Sin embargo, terminamos defendiendo los intereses de los poderosos frente a los débiles.

 

Exigimos al Departamento de Seguridad que establezca un protocolo de actuación para evitar situaciones como las descritas y asegurar que los derechos de los trabajadores y trabajadoras prevalecen frente a intereses especulativos. Asimismo, emplazamos al Departamento a dar cobertura legal a los y las ertzainas que quieran ejercer su derecho a la objeción de conciencia en situaciones similares.

Por último, desde ELA-Ertzaintza hacemos un llamamiento a los y las ertzainas a que, en uso de su poder discrecional, el resultado de su actuación no sea la imputación de siete trabajadores mientras la empresa termina descapitalizándose. Queremos solidarizarnos con todas las personas que están luchando por defender su puesto de trabajo y, en particular, con los trabajadores y trabajadoras de Incoesa. Asimismo, pedimos al Departamento de Seguridad que la lucha de estos trabajadores y trabajadoras no tenga consecuencias penales o administrativas.