ELA exige a las administraciones una estrategia en defensa del empleo

Las administraciones deben poner en marcha estrategias a medio y largo plazo para frenar la destrucción de puestos de trabajo y evitar los despidos. El acuerdo alcanzado en el Diálogo Social supondrá despidos en los sectores que han estado hasta ahora en ERTE y, además, no responde a la situación real que se vive en las empresas. ELA quiere hacer sus propuestas a partir del análisis de la situación actual del empleo. Las decisiones audaces de las administraciones son imprescindibles para garantizar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores mediante la modificación de la legislación y la inversión pública.

Las empresas de Hego Euskal Herria han presentado 33.810 expedientes. La práctica totalidad de los expedientes de suspensión presentados al inicio de la crisis se basaban en causas de fuerza mayor permitidas por el estado de alarma, pero se multiplican los expedientes de reducción y los de producción u organización. Además de estos trabajadores y trabajadoras que dudan de su futuro y ven reducidos sus ingresos, en el contexto de la crisis han sido 27.871 las personas que han sido despedidas o han perdido el empleo y miles de personas que se encontraban en una situación precaria han empeorado considerablemente. Esta situación exige que los gobiernos de Pamplona y Vitoria adopten medidas urgentes para mantener el empleo y garantizar las condiciones esenciales de vida.

Desde que estalló la crisis Covid-19, las empresas han presentado 33.851 expedientes de regulación de empleo y más de 260.000 trabajadores y trabajadoras afectadas.

Ésta ha sido la evolución de las trabajadoras y trabajadores afectados por ERTE:

Aunque la práctica totalidad de los expedientes inicialmente presentados se basaban en causas de fuerza mayor permitidas por el estado de alarma y los expedientes de suspensión, se multiplican los expedientes de reducción y los de producción u organización. De ser prácticamente todos los expedientes presentados de suspensión y por causas de fuerza mayor, se está produciendo una tendencia a equiparar las suspensiones y las reducciones. En cuanto a los motivos, han aumentado notablemente los expedientes ordinarios por motivos de producción y organizativos (especialmente en Navarra). De cara a las plantillas afectadas, esta modificación es aún más notoria.

Personal afectado por los expedientes presentados día a día por tipo:





Aquí las plantillas afectadas por expedientes día a día, en razón a la causa:

La tendencia lleva a pensar que aunque en un principio la crisis sanitaria y el decreto de alarma obligó a muchos servicios y empresas a interrumpir su actividad, ahora es la crisis de demanda y producción la que está obligando a la suspensión y reducción de la actividad de las empresas. La mayoría de las empresas están manteniendo su actividad, pero de forma reducida y con menos trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo, la amenaza de flexibilizar las condiciones de los expedientes imprescindibles permitidos por la proliferación de expedientes de producción y organización convencionales y el estado de alarma puede llevar a concluir que las empresas se están preparando para trabajar con plantillas más reducidas y que nos encontramos ante una grave crisis de empleo.

Además de estos trabajadores y trabajadoras que cuestionan su futuro dentro de los expedientes de regulación y ven reducidos sus ingresos, en el contexto de la crisis, desde principios de marzo, otras 27.871 personas han sido despedidas o han perdido su empleo, situándose el paro en el 13,47% (179.085 personas paradas en Hego Euskal Herria). Este fuerte aumento del paro responde a la precariedad en el empleo, ya que si hubiera estabilidad en el empleo, la mayoría de estas personas despedidas podrían mantener su puesto de trabajo mediante expedientes de regulación y obtener mejores ingresos.

A esta crisis de empleo se suman miles de personas que ya estaban en riesgo de pobreza o en situación de pobreza y que en esta situación han empeorado notablemente su situación (883 personas más que cobran la RGI en marzo en la CAPV, y en Navarra han aumentado en 600 las solicitudes de Renta Garantizada desde los inicios de la crisis).

Esta situación, tal y como ha reclamado ELA en las últimas semanas, exige que los gobiernos de Pamplona y Vitoria adopten medidas urgentes para mantener el empleo y garantizar las condiciones esenciales de vida.

En este sentido, la prórroga parcial y limitada de los ERTE por fuerza mayor acordados en el Diálogo Social Estatal no responde a las necesidades de los trabajadores o las trabajadoras y las empresas de Hego Euskal Herria:

• Por un lado, un sistema completo de prestaciones sociales para evitar el empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras que se han ido al paro o que están en ERTE, para que mantengan sus ingresos.
• En segundo lugar, esta crisis se está convirtiendo en una crisis productiva y de demanda que pondrá en entredicho la viabilidad de muchas empresas. ELA considera imprescindible desarrollar una estrategia completa de mantenimiento del empleo con los siguientes elementos:
  
  • Prohibir los despidos y las extinciones de contratos de eventuales fraudulentos y que sea requisito indispensable para recibir ayudas públicas.
  • Tomar el control público de las empresas estratégicas y garantizar su supervivencia. Alemania ha establecido un presupuesto de 100.000 millones de euros para la participación en empresas y otros 500.000 millones de euros en avales en el mismo sentido.
  • Poner en marcha una estrategia de transformación del modelo productivo de las empresas potencialmente en crisis, a favor de un modelo centrado en las necesidades sociales y planetarias. Este proceso de transformación debe tener como objetivo las condiciones de vida de la sociedad, del planeta y de las personas que trabajen en esas empresas.
  • Establecer un sistema para complementar los costes de cotización y los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas en situación de dificultad económica, y que sea obligatorio para las empresas en situación económica favorable.
• En tercer lugar, muchos de los ERTE habidos hasta ahora han sido en el ámbito de la hostelería y el comercio, y con las reducidas posibilidades que ofrece el desescalado muchos centros no podrán abrirse siquiera de forma parcial. Es previsible que en verano, y posteriormente, se produzcan situaciones similares y es imprescindible que en estas empresas el sistema ERTE sea obligatorio para todos los trabajadores y las trabajadoras, sin posibilidad de despido. La hostelería y el comercio de proximidad tendrán aún mayores dificultades para abrir parcialmente los centros de trabajo. ELA considera que se necesita más valentía para garantizar la supervivencia del comercio de proximidad y de la hostelería (con mayores ayudas al alquiler o con ayudas directas condicionados al mantenimiento del empleo). Asimismo, quienes trabajan en estos sectores son quienes presentan las peores condiciones laborales, siendo especialmente importante disponer de prestaciones sociales para mejorar sus condiciones de vida.
• En cuarto lugar, todas las reformas laborales llevadas a cabo a partir de 2010 facilitaron totalmente los despidos, incluso en las empresas con beneficios. ELA considera imprescindible que no se puedan producir despidos en las empresas que se encuentren en una buena situación económica y que se establezcan procedimientos garantistas en las empresas que se encuentren en una situación económica peor, como la necesidad de revisar las propuestas de despido por parte de las administraciones. Además, las oportunidades de transformación de las empresas en crisis deben ser facilitadas y, en particular, su puesta a disposición de los trabajadores y las trabajadoras debe ser estratégica, lo que requiere una profunda modificación legislativa.
• Por último, tenemos un sistema fiscal injusto, fundamentalmente son las rentas de los trabajadores y las trabajadoras las que financian el gasto público. La salida de esta crisis debe ser totalmente diferente a la de 2008, esta vez deben ser fundamentalmente las rentas altas, las rentas de capital y los impuestos sobre las empresas  los que aporten ingresos para hacer frente a las medidas antes mencionadas.

Nuestro mercado laboral se basa en la precariedad, por eso se ha destruido tanto empleo en tan poco tiempo. Necesitamos un sistema público eficiente para gestionar las crisis y los descensos productivos, que no genere destrucción de puestos de trabajo en momentos de crisis y que las consecuencias de las crisis no se paguen en exclusiva a cuenta de los trabajadores y las trabajadoras. En el Estado no han dado solución a esto, en Euskal Herria deberíamos construir un sistema propio desde la autonomía colectiva y con la implicación de nuestras administraciones.

Además, es necesario transformar totalmente el modelo productivo, poniendo en el centro a las personas y al planeta, lo que exige desde hoy el protagonismo del sector público, para poner la economía al servicio de las personas y no a las personas al servicio de la actividad económica.

Nota: Los datos del Gobierno de Navarra no están completos. El Gobierno no ha facilitado el tipo de 214 expedientes de regulación y datos de las personas afectadas (3% de los presentados) y en 251 no indica el motivo de la presentación del expediente (3,5% de los presentados). Así mismo, los expedientes en los que aparecen distintos tipos en un mismo expediente (suspensión, reducción y/o cierre/despido) se han contabilizado como distintos tipos de expedientes, y en los expedientes en los que aparecen varias causas (organización, producción, previsión de pérdidas...) se ha tenido en cuenta la primera causa.