ELA exige a las instituciones que rechacen fondos europeos condicionados a recortar pensiones o a no dar marcha atrás en las reformas laborales y de negociación colectiva
En opinión de ELA, de manera urgente deben eliminarse las reglas de estabilidad presupuestaria (cuya suspensión se ha decretado solo para 2020 y 2021, y ya se está anunciando que a partir de 2022 se deben volver a cumplir, lo que supondría fortísimos recortes presupuestarios para priorizar el pago de la deuda), incrementar sustancialmente los impuestos a las rentas altas, a las empresas, a los patrimonios y al capital, y garantizar las partidas presupuestarias necesarias para cubrir las fuertes necesidades existentes en materia de protección social, servicios públicos y políticas de empleo.
En rueda de prensa ofrecida hoy, han explicado que los criterios por los que se rigen el reparto de los fondos europeos especifican con claridad que para poder acogerse a ellos hay que aplicar una serie de reformas, entre las que se señalan las pensiones, las reformas laborales, o las encaminadas a la denominada “unidad de mercado”.
También destacan que los fondos europeos están encaminados, fundamentalmente, a financiar proyectos ya en marcha de empresas multinacionales, y no son para que las instituciones puedan financiar las políticas sanitarias, educativas, de cuidados, de prestaciones sociales o de empleo, cuyas enormes carencias han quedado en evidencia en la actual crisis sanitaria, social y económica.
Las decisiones adoptadas en las últimas semanas (como la aprobación en el Consejo Europeo de las dotaciones presupuestarias para los próximos 7 años) confirman lo que el sindicato denunció en su día. El gobierno de Pedro Sánchez está negociando con Bruselas las reformas que va a llevar a cabo, y lo está haciendo de manera clandestina, sin hacer públicos los documentos en los que se basa esa negociación. Lo que se conoce es que la Unión Europea y los gobiernos de dicha Unión han condicionado cualquier paso en la asignación de los fondos a que se concreten los contenidos de las reformas de pensiones, laboral y la unidad de mercado.
Asimismo, el Gobierno español ha indicado que en enero hará públicos los proyectos a los que pretende destinar los fondos europeos. Previamente (en diciembre) el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra harán pública su propuesta, si bien será el gobierno de Pedro Sánchez quien adopte la decisión sobre los fondos de manera unilateral.