ELA exige al lehendakari un plan de choque para frenar el deterioro de los servicios públicos

El secretario general de ELA Mitxel Lakuntza se ha reunido hoy con el lehendakari Imanol Pradales en Gasteiz, a quien ha trasladado la exigencia de poner en marcha un plan de choque para frenar el deterioro de los servicios públicos, responsabilidad directa del Gobierno Vasco.

En este sentido, ELA pide al lehendakari una reacción urgente para aumentar la inversión en los servicios públicos y solucionar los problemas laborales. Lakuntza ha recordado que “tras dos años en el gobierno, seguimos teniendo una de la temporalidad más alta de Europa en sectores como Osakidetza y Educación, donde la falta de inversión pública tiene como consecuencia el aumento de las cargas de trabajo y el deterioro del servicio”. Los datos oficiales de septiembre de 2026 son escandalosos: hay 22.442 personas con contrato temporal en Osakidetza (50,4% de la plantilla total), y otras 18.923 en Educación (el 51% del total).

ELA considera que el lehendakari no puede permanecer ajeno a esta realidad, y le ha exigido determinación y compromiso ante esta situación. La decadencia de los servicios públicos requiere la implicación directa del lehendakari. ELA ha recordado a Pradales que está en su mano impedir que aumenten las huelgas y movilizaciones en el sector público. “No vale lamentarse por el incremento de las huelgas cuando no se hace nada para solucionar sus causas”.

Más pobreza, pero más privilegios fiscales para los ricos

ELA ha recordado al lehendakari que cada año crece el número de personas con problemas para llegar a fin de mes. Según el informe FOESSA, el 8% de la población de la CAPV vive en exclusión social y las personas en riesgo de caer en ella han aumentado del 36% en 2021 al 35% en 2024, por la precariedad laboral, la vivienda o por la imposibilidad de hacer frente a pagos imprevistos. Esto evidencia que el riesgo de pobreza aumenta desde hace años. Durante los últimos años (2019-2026) la cesta de la compra se ha encarecido un 46% y la vivienda un 37%, mientras los salarios lo han hecho un 20%. En cambio, los beneficios empresariales siguen creciendo. ELA ha señalado al lehendakari que “existe un evidente problema de reparto de la riqueza como resultado de un política fiscal hecha a la medida de la patronal y del capital”.

ELA ha recordado a Pradales que la reforma que los dos partidos del gobierno han propuesto en un insulto a las familias que peor lo están pasando: mientras cada vez más personas no pueden llegar a fin de mes, los partidos del gobierno se centran en ayudar a quienes más tienen. ELA recuerda que los privilegios fiscales que las Diputaciones han ido aprobando hacen que las empresas apenas paguen un 9% sobre su beneficio contable.

Ante esta situación, ELA ha reclamado una mayor inversión que responda a las necesidades de todo el personal de Osakidetza; estabilizar plantillas, mejorar ratios y establecer un modelo de inmersión en euskera en Educacion, y una política que movilice las viviendas vacías para alquiler, además de construir vivienda pública de alquiler. Para ello, es necesaria una reforma fiscal contrapuesta a las medidas anunciadas por PNV y PSE: debe acabar con los privilegios de las rentas de capital y las empresas deben contribuir al menos con el 25% de su beneficio.

El SMI propio, pendiente

Por otro lado, ELA ha reclamado al lehendakari que abandone su inacción en la cuestión del SMI propio, y que adopte un compromiso público para exigir a Confebask que se siente a negociar un acuerdo interprofesional para establecer un salario mínimo de 1.500 euros para este año.

Además, el Lakuntza ha pedido al lehendakari que se comprometa expresamente a no impulsar la propuesta de Ley del Diálogo Social que pretende otorgar a UGT y CCOO, una mayoría que la clase trabajadora de este país no les ha concedido. Esa ley, por si fuera poco, pretende penalizar a ELA y LAB por no acceder a ser parte de este despropósito.

ELA también ha mostrado su preocupación por la situación que sufre el euskera, y ha recordado que en 2026 sigue habiendo instituciones públicas dependientes del Gobierno Vasco como el CRL (Consejo de Relaciones Laborales) donde se impone el castellano como única lengua. ELA ha exigido una mayor compromiso con el euskera y que se pongan los medios para que cada persona pueda expresarse en la lengua que elija.