ELA exige la paralización de todas las actividades no esenciales, así como prestaciones para las personas afectadas
ELA exige la paralización de todas las actividades no esenciales, al considerar que supone una gran incoherencia decretar el confinamiento en los domicilios pero manteniendo la obligación de salir a los puestos de trabajo, donde el riesgo de contagio es muy alto. En este sentido, subraya que los Gobiernos deben implantar prestaciones económicas extraordinarias para paliar las consecuencias de estas medidas: cobertura del 100% de la base de cotización para todas las trabajadoras y trabajadores, así como para las personas desempleadas. Además, una prestación debe garantizar el trabajo de cuidados generado por la suspensión de clases en centros escolares (entre otras situaciones) y deben plantearse medidas para impulsar la corresponsabilidad.
Asimismo, las Administraciones y las empresas deben garantizar la salud de todas las personas obligadas a trabajar, con planes y guías específicas cuya primera responsabilidad es de Osalan y el ISPLN. "Su incumplimiento debería ser sancionado. "Las Administraciones deben asumir para ello el control de los servicios de prevención y las mutuas. En todo caso, las empresas deben garantizar que todo el trabajo posible sea realizado desde el domicilio", afirma ELA.
Añade que en el caso de que se produzcan ERTEs (regulaciones de empleo), estos deben ser siempre negociados y con un plazo tasado (por ejemplo, el periodo del estado de alarma), y en ningún caso se debe dar carta blanca a las empresas para un uso injustificado. Además, debe aumentarse la contratación en los sectores destinados a la limpieza y los cuidados de personas. Los Gobiernos deben garantizar derechos y necesidades básicas como la vivienda, alimentos, energía… a todas las personas, especialmente a las más vulnerables.
En esta situación ELA muestra su disposición a colaborar y su compromiso con las medidas para frenar el coronavirus. No obstante, rechaza el Real Decreto sobre el estado de alarma, "por su carácter centralizador, porque invade de modo inaceptable e injustificado las competencias de la CAPV y Navarra. Es un claro ejemplo de que no existe bilateralidad alguna en las relaciones con el Estado español". Ahora bien, ELA echa en falta una actuación más audaz del Gobierno de Navarra y del Gobierno vasco, "que han ido incluso por detrás de numerosas empresas privadas".