ELA muestra su apoyo a los imputados en los conflictos laborales de Tubacex, Petronor, PCB y Metal Bizkaia
En la mayoría de los casos los conflictos laborales ordinarios han sido tratados como actos contrarios al orden público. Las autoridades políticas del Gobierno Vasco han contribuido así a la criminalización de dichos conflictos; y es que situaciones habituales en un conflicto laboral ordinario se han convertido en cuestiones de derecho penal. En algunos casos, las actuaciones policiales fueron desproporcionadas por mandato del propio Gobierno y las consecuencias las sufrirán los trabajadores o trabajadoras.
La Sección Sindical de la Ertzaintza de ELA solicitó una reunión con el Consejero de Interior para rechazar su postura en estos conflictos y, como organizador de muchas de las protestas que se realizan en nuestro país, solicitar la creación de condiciones adecuadas que permitan llevar a cabo movilizaciones sin conflictos. El Gobierno ha renunciado al diálogo, lo que demuestra que para el Gobierno de Lakua el derecho a manifestación o huelga son acciones a controlar, no unos derechos a proteger.
A varios trabajadores se les va a aplicar la Ley Mordaza, una legislación que ya debería haber sido tumbada en el Congreso. A través del derecho administrativo pretenden obtener penas que no pueden obtenerse por vía judicial penal; a unos les exigen penas de cárcel y a otros multas económicas desproporcionadas.