ELA plantea a la ministra de Trabajo Valerio sus posiciones sobre la reforma laboral, las pensiones públicas y la brecha salarial

Por un lado, ELA ha demandado a la ministra Valerio la derogación de las tres últimas reformas laborales. En opinión del sindicato las tres reformas han sido instrumentos para empeorar las condiciones de trabajo y vida de la clase trabajadora, por lo que resulta imprescindible su derogación. De dichas reformas la delegación de ELA ha insistido en el papel que ha desempeñado la nueva estructura de la negociación colectiva, ya que la prioridad aplicativa que se dio a los convenios estatales ha sido fundamental para la devaluación de las condiciones de trabajo.

En ese sentido, ELA ha explicado a la ministra de Trabajo que no es posible llevar a cabo una reforma laboral si no se pone en cuestión la estatalización, tal como recoge el acuerdo presupuestario firmado por el PSOE con Unidos Podemos. La estatalización prohibe negociar condiciones laborales sobre la base de la representación de sindicatos y patronales. De esta manera agentes que en varios sectores de Hego Euskal Herria son minoritarios tienen posibilidad de bloquear la negociación a sindicatos y patronales mayoritarios. La consecuencia de esa prohibición es evidente: la imposibilidad de mejorar los malos contenidos que suelen recogerse en los convenios estatales. A juicio de ELA, tanto desde el punto de vista democrático, como del de la mejora del empleo, ningún partido que haya apoyado la investidura del presidente Sánchez debería apoyar una reforma laboral que mantenga la estatalización. Abordamos esta cuestión en las reuniones mantenidas con diversos partidos políticos el pasado día 18 en Madrid, y les solicitamos que dieran prioridad a la eliminación de la estatalización; hemos compartido esta misma posición con la ministra.

Por otra parte, el movimiento en favor del sistema público de pensiones es muy potente en Euskal Herria, y ELA ha manifestado a la ministra de Trabajo que debemos disponer de la competencia para legislar también sobre esta materia en Euskal Herria; mientras esto se produce deben adoptarse medidas que garanticen unas pensiones públicas dignas. Es lo que debería permitir una pensión mínima de 1.080 euros.

Por último, con el fin de reducir la discriminación que sufren las mujeres en el mundo del trabajo, en el contexto del próximo 8 de marzo, ELA subrayó en la reunión con la ministra la necesidad de una ley para eliminar la brecha salarial. Para el sindicato ELA, resulta especialmente grave que en servicios subcontratados por las administraciones a los trabajos desempeñados en su mayoría por mujeres se le dé una valoración económica inferior que a los trabajos ocupados mayoritariamente por hombres.