ELA reclama que se garantice un servicio básico de atención presencial en Lanbide, SEPE y los servicios sociales

20/03/2020
ELA considera esencial preservar el derecho a la salud del conjunto de la sociedad y de los trabajadores y trabajadoras, así como cubrir las necesidades económicas y sociales que ya están sufriendo miles y miles de personas.También exige que la Inspección de Trabajo disponga de los medios adecuados para dar respuesta a la crisis del COVID-19.

Por ello, ELA viene reclamando la paralización de todas las actividades no esenciales, ante lo que nos hemos encontrado con el rechazo por parte de las instituciones vascas, que defienden que se mantenga la actividad en la industria o la construcción.

Sin embargo, los servicios públicos de empleo, así como los servicios sociales en muchos municipios, han cerrado todas sus oficinas, dejando a la población, incluida la más vulnerable y con menos recursos, sin atención al público presencial. Y lo han hecho en un momento en el que la demanda de estos servicios está aumentando exponencialmente, ya que se está despidiendo (o no renovando el contrato) a mucha gente. Es inaceptable e inaudito que, a la vez que aumentan el paro y la pobreza, los servicios públicos que gestionan las prestaciones por desempleo y las prestaciones sociales no garanticen un servicio mínimo de atención presencial.

ELA exige que se garantice un servicio básico de atención presencial en Lanbide, SEPE y los servicios sociales, para dar respuesta a las crecientes necesidades, en especial teniendo en cuenta que la población más vulnerable frecuentemente no tiene acceso, por causas diversas, a los servicios telemáticos habilitados. Esta atención debe realizarse cumpliendo de manera escrupulosa las normas de seguridad y prevención que garanticen la salud de las y los trabajadores que la presten y de las personas prestatarias.

Del mismo modo, ELA exige que se dote a la Inspección de Trabajo, así como la delegación de trabajo, de los medios adecuados para cumplir sus funciones, tanto para exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad en los centros de trabajo, como para que la tramitación de los ERTEs por fuerza mayor no sean un coladero para las empresas. La situación actual, de práctica parálisis de la inspección, es también inaceptable.