ELA registrará peticiones formales para solicitar medidas y medios para hacer frente a las agresiones

Preocupados por la situación que se está viviendo en el sector, las y los representantes del transporte público de ELA en la CAVP, que representan a más de 4.000 trabajadores y trabajadoras de empresas como Bilbobus, Metro Bilbao, Euskotren o Bizkaibus, han pedido responsabilidad a empresas e instituciones ante las agresiones sufridas en el trabajo.

Denuncian que las agresiones verbales, físicas y sexuales sufridas en su jornada laboral van en aumento, por lo que la inseguridad en el puesto de trabajo es preocupante. Además, añaden que «lamentablemente, las denuncias y actos de repulsa, así como las solicitudes de medidas efectivas hechas hasta ahora por ELA no han dado resultado y hoy por hoy se encuentran en la misma situación de desamparo que al principio». Y es que, salvo alguna medida puntual y provisional, no se han adoptado medidas estructurales para prevenir estos hechos, y las empresas e instituciones no han mostrado ningún interés real en abordar este tema. Es más, han denunciado que incluso se ha quitado al inspector en el servicio gautxori de Bilbobus.

Las y los delegados han dejado claro que las empresas e instituciones tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las plantillas y deben poner los medios y medidas eficaces suficientes para revertir esta grave situación. Así, han anunciado que, con el objetivo de tratar este asunto como único punto, en las próximas semanas registrarán solicitudes formales en todas las empresas del sector en las que ELA tiene representación. En este sentido piden a las empresas que negocien con los sindicatos los medios y medidas concretas necesarias para evitar o minimizar estas situaciones que ponen en grave riesgo la salud e integridad de las personas trabajadoras.

Asimismo, han anunciado que registrarán un escrito en las instituciones para pedir su implicación y que actúen de forma coordinada con las empresas en torno a este tema.

Además, han indicado que iniciarán una ronda con los sindicatos con representación en el sector para pedirles que se sumen a la iniciativa y que, en consecuencia, establezcan protocolos conjuntos y acuerden las medidas preventivas a implantar por cada empresa.

Han trasladado claramente que trabajar en situación de inseguridad e indefensión es característico de la precariedad y que no tomar medidas para evitarlo es una decisión política que destruye, además de las vidas, los servicios públicos. Por todo ello, las y los representantes reiteran su compromiso de seguir trabajando en defensa de la seguridad laboral y del sistema público de transporte.