ELA vota en contra del Estatuto que renuncia a mejorar las condiciones del personal
El sindicato se ha mostrado en contra del acuerdo alcanzado hoy entre el Gobierno de Navarra y los sindicatos CCOO, Afapna y UGT, dado que no recoge cuestiones esenciales que debería incluir el nuevo Estatuto de la Función Pública, tales como:
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Mecanismos efectivos para la reducción de la temporalidad.
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La recuperación del poder adquisitivo perdido.
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Incremento retributivo conforme al IPC.
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Establecer la figura del contrato de relevo.
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Garantizar el derecho a recibir la atención en euskera. No se prevé en el borrador ninguna medida en torno a la normalización del euskera.
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Medidas para evitar la privatización y las externalizaciones
Por otro lado, el texto incluye dos cuestiones a las que ELA se opone enérgicamente:
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La evaluación de desempeño como complemento salarial variable, sometido a criterios que todavía no están definidos.
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Cronifica el PAI en la Educación navarra.
La medida estrella anunciada por Función Pública es la implantación de la carrera profesional. Sin embargo, hasta el 2032 no se abonará completamente el importe. Además, su progresión está sometida a criterios de valoración como “el resultado de la evaluación del desempeño”, por lo que el ascenso en los tramos no queda garantizado sin una evaluación cuyos parámetros se desconocen a día de hoy.
El sindicato entiende que la nueva Consejera de Función Pública ha querido ponerse una medalla con el acuerdo de hoy. Sin embargo, el texto propuesto no supone un hito en la mejora de las condiciones del personal público, dado que no hay cambios significativos que deberían verse contemplados en el nuevo Estatuto. Tampoco ha conseguido el Gobierno contar con el apoyo de la mayoría sindical de la Mesa General, a pesar de que la Consejera haya querido demostrar lo contrario.
El sindicato ELA insta al Gobierno de Navarra a que estudie y reconsidere las más de 120 alegaciones que ha presentado. De lo contrario, el acuerdo suscrito entre CCOO, Afapna y UGT supondría perder una oportunidad para mejorar las condiciones laborales y los servicios públicos.