Euskaltel despide a once trabajadores más y acelera así su desmantelamiento
Euskaltel despidió a otros once trabajadores la semana pasada ascendiendo así al 4% la reducción de su plantilla, desde comienzos de año. Los despidos efectuados afectan a diferentes departamentos y los argumentos utilizados por la empresa han sido causas organizativas y productivas, además de la baja productividad de las personas afectadas.
En opinión de ELA, los despidos son injustificados e inhumanos, y obedecen a la estrategia de desmantelar Euskaltel. Desde que MásMóvil adquiriese la operadora de telecomunicaciones en julio de 2021, ha efectuado más de 20 despidos y no ha repuesto ninguno de los puestos de trabajo destruidos, evidenciando que el espíritu por el cual se creó Euskaltel con dinero publicó se está desvaneciendo.
Euskaltel mira cada vez más al Grupo y encuadra su estrategia empresarial fuera de Euskadi. Y sus dirigentes han indicado que habrá más ajustes en el futuro. La voluntad inicial de mantener el empleo se esfumó a pocas semanas de realizarse la OPA y los despidos de la semana pasada no han hecho más que acelerar el proceso de desmantelamiento.
ELA recuerda que Euskaltel se creó por una decisión política y con dinero público en 1995. El Gobierno Vasco aportó el 40% y las Cajas de Ahorro de la época el 60% restante, con el objetivo de prestar un servicio público a la sociedad vasca en el ámbito de las telecomunicaciones.
En los últimos años, el proceso de privatización ha sido imparable. En 2012, el 50,1% del capital pasó a manos privadas, entre ellas las del fondo ICV, que compró el 49,1%, a precio de saldo. Tres años más tarde, en 2015, con la valoración realizada para la salida a Bolsa, ICV vendió todas sus acciones por más del triple del precio de compra. Desde entonces, más del 80% del capital de Euskaltel ha estado en manos de fondos de inversión u otro tipo de inversores bursátiles privados. El Gobierno vasco se ha quedado sin ninguna acción y Kutxabank, que ahora es un banco, ha dispuesto de menos del 20% del capital. En 2019 Zegona se convirtió en accionista mayoritario y, finalmente, en 2021 pasó a manos privadas.
En este proceso de privatización, la dejadez por parte del Gobierno Vasco ha sido total. No han defendido ni el empleo, ni el dinero público que ha recibido la empresa, ni el servicio a los usuarios, ni el interés como país de mantener posiciones en un sector estratégico como el de las telecomunicaciones.
Desde ELA hacemos un llamamiento a la plantilla de Euskaltel a que se movilice activamente en defensa de los puestos de trabajo en la CAPV frente a las actuaciones de la empresa y el inmovilismo del Gobierno Vasco para que se garantice el arraigo y el empleo de la misma.