Grandes pleitos en la Justicia de la CAV

El personal de Justicia de la CAV no acepta las condiciones que tiene actualmente. Funcionarios/as y juristas trabajan para cambiar la situación, pero los gobiernos están demostrando poca flexibilidad para llegar a acuerdos. Vitoria-Gasteiz no tiene todas las competencias, pero sí muchas de ellas, por eso los trabajadores y las trabajadoras están pendientes del paso que debería dar Lakua mientras organizan nuevas movilizaciones.

No es una cuestión nueva. En 2012 comenzaron a solicitar la equiparación de los funcionarios y las funcionarias de Justicia a los puestos de la Administración General del Gobierno Vasco. De hecho, aunque dependen de un mismo gobierno y realizan un tipo de trabajo paritario, los y las profesionales de la Administración de Justicia tienen condiciones más precarias que los y las de la Administración General.

Subidas salariales

En cuanto a la retribución y jubilación, exigen incrementos en torno al 12%, siempre con variaciones según los cuerpos. Esto es: para el cuerpo de gestión unos 4.400 euros más al año (incremento del 12,26%); para el cuerpo de tramitación unos 3.800 euros más al año (incremento del 12,90%); y para el cuerpo de auxilio unos 3.300 euros más al año (incremento del 12,26%). Ello supondría su equiparación a las tablas salariales de la Administración General.

Juzgado de violencia de género

Especial situación vive el personal de los juzgados de violencia de género. Por poner un ejemplo, aunque la persona que debe ser atendida llegue cinco minutos antes del cierre de la oficina, tratándose de un asunto grave, el personal tiene la obligación de iniciar y finalizar el proceso, por lo que la realización de horas extras es habitual. Por ello, reclaman un complemento salarial para esta plantilla: 340 euros mensuales más para el personal de los juzgados que estén especializados en esta materia, y 190 euros mensuales más para el personal de los juzgados que trabajen otros asuntos además de estos.

Valoraciones y horarios

Los y las administrativos/as también consideran necesario poner en marcha el proceso de valoración de puestos. Esta valoración debería centrarse en los cambios que han afectado a la actividad de los trabajadores y las trabajadoras, principalmente en el Proyecto de Ley Orgánica de digitalización, en la implantación del programa Avantius y en la eficacia organizativa. En el Estado español, los juzgados deben estar abiertos de 9:00 a 14:00 horas para atender a los ciudadanos y las ciudadanas, y ahí Vitoria no es competente. Pero en lugar de poner un único horario a todo el personal de la administración, el Gobierno Vasco podría aprobar una serie de horarios, por ejemplo, para ayudar a la conciliación.

Así, ELA, junto con LAB, propone tres horarios: el primero, un horario ordinario de siete horas y media diarias; el segundo, un horario reducido de seis horas y media diarias, entre el 1 de julio y el 31 de agosto; y el tercero, la jornada ordinaria de mañana, pero en la que durante dos días a la semana a elección del trabajador o la trabajadora, se puedan realizar dos horas de la mañana por la tarde.

¿Y los y las jueces y juezas, qué?

Los jueces y las juezas, por ley, no pueden inscribirse en sindicatos ni tienen derecho a la huelga. En lugar de eso, algunos y algunas entran en asociaciones y, para presionar a los gobiernos, siguiendo los cauces permitidos por la ley, pueden suspender los juicios acumulando trabajo y apretando a los y las que están en el poder. En la actualidad, los jueces y las juezas de la CAV están pidiendo un aumento de los salarios y de los recursos. Hay que recordar que en el Estado español hay muy pocos jueces en comparación con Europa: 11,24 jueces por 100.000 habitantes en el Estado, frente a los 17,60 de media en Europa.