La abstención de EH Bildu permite al PNV perpetuar la discriminación del euskera en la Función Pública
La legislación de función pública vigente en los últimos 40 años respecto al euskera ha tenido una principio: el castellano es la única lengua de exigencia generalizada; y el euskera solo puede exigirse excepcionalmente en algunos puestos de trabajo. En consecuencia, solo el funcionamiento en castellano está normalizado y la población vascohablante tiene que superar una gran serie de obstáculos para ser atendida en su idioma de elección y, aún así, en muchos casos no se ofrece el servicio en euskera. Por lo tanto, la ciudadanía y personas trabajadoras euskaldunes son discriminadas.
La abstención de EH Bildu ha permitido al PNV perpetuar la actual situación discriminatoria del euskera en la función pública. Además, el Parlamento Vasco ha aprobado la propuesta técnica más débil para hacer frente a las sentencias euskarafobas, ya que no hace frente a los argumentos que están en el centro de muchas sentencias. Por ejemplo, algunas sentencias no han tomado como base el índice de preceptividad, sino que han recogido directamente que no se puede exigir el euskera en una interpretación correcta de la Constitución española. Por ello, la propuesta del PNV de eliminar el índice de obligado cumplimiento no ofrece seguridad jurídica. Para este resultado bastaba con modificar el decreto de normalización del euskera de las administraciones de 2024.
El Parlamento Vasco ha dejado escapar una oportunidad estratégica en la euskaldunización de las administraciones. Miles de trabajadoras y trabajadores públicos se están jubilando y si en el relevo de éstas no se sitúa el euskera en el centro, en las próximas décadas se mantendrá la discriminación de las y los trabajadores y ciudadanas euskaldunes. La equiparación del estatus del euskera y del castellano en pocos años mediante ayudas adecuadas y plazos razonables para euskaldunizar a las personas castellanohablantes monolingües es posible, pero la decisión del Parlamento Vasco ha hecho imposible esta equiparación durante muchos años.
En opinión de ELA, los partidos políticos y los sindicatos euskarafobos han cumplido una vez más su objetivo principal: se mantendrá la hegemonía impuesta del castellano, el castellano será la única lengua de uso general y el euskera seguirá siendo una lengua subordinada. El objetivo de la ofensiva euskarafoba en las administraciones no es solo reducir los perfiles lingüísticos, los agentes euskarafobos buscan las condiciones políticas para mantener la hegemonía del castellano y han conseguido ese objetivo.
ELA seguirá reclamando en cada administración que se equiparen las dos lenguas oficiales y, en ese sentido, para llegar a acuerdos con las administraciones será imprescindible acordar medidas que garanticen los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes. Asimismo, ELA va a presionar desde hoy a los partidos políticos para que adopten una nueva estructura legal que no discrimine a las personas trabajadoras y ciudadanía vascohablantes, es decir, una ley que equipare la exigencia del euskera a la del castellano y ofrezca el apoyo necesario a las personas castellanohablantes monolingües, para que de esta manera las administraciones puedan euskaldunizarse por completo.
Por último, ELA considera que este acuerdo entre PNV y EH-Bildu muestra el límite de los “acuerdos de país”. Los acuerdos con el PNV en cuestiones estructurales solo se pueden hacer renunciando a los cambios estructurales, o si los cambios se posponen para analizarlos en un futuro indeterminado. Mientras tanto, desaparecen las referencias de transformación imprescindibles en nuestro país y se refuerza el status quo actual.