La aceptación de la regla de gasto y la negativa a una reforma fiscal condicionan un presupuesto antisocial y nada participativo

El Gobierno de Navarra ha presentado el Anteproyecto de Presupuesto de Navarra de 2024 en el CES. Es decepcionante que el Gobierno ni siquiera disimule el nulo interés que tiene en escuchar, y mucho menos en garantizar una participación social y sindical amplia en la política presupuestaria y fiscal, no hay voluntad política. Es un mero trámite legal donde se hace una presentación del presupuesto sin dar ninguna oportunidad real de que nada de lo que se aporte allí pueda tenerse en cuenta.

Este presupuesto está condicionados por la regla de gasto y por la negativa a realizar una reforma fiscal. En cuanto a la regla de gasto, la semana pasada fue aprobada en el Congreso la vuelta a las políticas de austeridad, estableciendo que el límite máximo de aumento de gasto público sea del 2,6% en términos nominales. Por otro lado, ELA denuncia que en cuanto a la previsión de ingresos, en 2024 casi 7 de cada 10 euros que se recauden a través de los impuestos directos serán a cargo de las rentas de trabajo, mientras que las empresas a través del Impuesto sobre Sociedades solo aportarán el 18%. Es decepcionante que en la tercera legislatura desde la salida de UPN, persisten las mismas políticas fiscales, una fiscalidad que fue ratificada a finales de 2023 con el acuerdo entre Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin) y EH Bildu, un acuerdo cuyo contenido fue aplaudido por UPN.

El Anteproyecto de Presupuesto aumenta en 606,4 millones de euros desde el presupuesto de 2023 al Anteproyecto de Presupuesto de 2024, situándose en 6.355,4 millones de euros. En este sentido, cabe señalar lo siguiente:

• El anteproyecto incorpora en su presupuesto de ingresos los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro del paquete Next Generation EU (NGEU). Si tenemos en cuenta que el reglamento de éstos establece que no deben ser utilizados para cubrir el presupuesto ordinario, sino que deben destinarse a inversiones adicionales al presupuesto, el presupuesto ordinario sería 172,7 millones de euros menor (de 6.182,7 millones de euros).

• La aportación al estado aumenta un 31,7% de 2023 a 2024 (hasta los 837 millones de euros), y supone el 13,5% del total del presupuesto. La deuda pública se lleva el 8,6% del presupuesto (533,9 millones), y los peajes en la sombra el 1,8% del presupuesto, tras aumentar a 113,8 millones de euros. Con todo, en 2024 se pagarán 220,8 millones de euros más que en 2023 por la aportación al estado, la deuda pública y los peajes en la sombra, lo que supone el 36,4% del incremento del presupuesto.

• Se mantienen las prácticas clientelares con las organizaciones del diálogo social que se recuperaron en 2022. CEN, UGT y CCOO recibirán financiación pública de al menos 1,2 millones de euros, además de lo que gestionen dentro del Plan de Empleo.

• El gasto previsto en salud y en educación pierde peso respecto al total del presupuesto (en 2023 se llevaban el 38,3% del presupuesto y en 2024 el 37,7%). Esto contribuye a que el diferencial de inversión con la media europea en salud y educación siga siendo enorme. Habría que aumentar un 33% el gasto en salud (del 6% al 8% del PIB) para equipararlo a la media europea, y un 47% el gasto en educación (del 3,4% al 5% del PIB).

• La inversión en vivienda es totalmente insuficiente. El presupuesto solo prevé destinar el 0,2% del presupuesto (12,8 millones de euros) a las ayudas a la emancipación a través del alquiler (programas Emanzipa y David).

ELA ha reclamado en la reunión del CES una política presupuestaria dirigida a conseguir una sociedad más igualitaria y que cubra las necesidades sociales. Estas son las principales propuestas de ELA en política presupuestaria:

1. Una reforma fiscal urgente y lucha contra el fraude fiscal.

2. Equiparar la inversión pública en Salud a la media europea.

3. Equiparar la inversión pública en Educación a la media europea.

4. Aumento presupuestario para garantizar el derecho a acceder a una vivienda.

5. Tener unos ingresos garantizados que permitan llevar una vida digna.

6. Fondo público para impulsar la transición ecosocial.

7. Realizar un análisis del presupuesto con enfoque de género.

8. Acordar en Navarra las condiciones de trabajo del personal público.

9. Impulsar el primer convenio de residencias de Navarra.

10. Garantizar una pensión mínima, tal y como reclama el movimiento de pensionistas.