La anulación del caso Bateragune demuestra que fue una persecución política contra el proceso de paz

La reciente anulación del juicio y la condena contra Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Rafa Díez, Arkaitz
Rodríguez y Miren Zabaleta (dentro del llamado caso Bateragune) demuestra que su próposito único fue una persecución política para criminalizar los esfuerzos de estas personas en el proceso de paz que llevó a ETA a abandonar las armas. Esta ha sido la posición que ELA ha defendido desde el principio (detenciones de estas personas, dirigentes de la izquierda abertzale, en 2009) y también cuando esta actuación del Estado acabó en penas de cárcel de 6 y más años, así como con la inhabilitación de Arnaldo Otegi, entre otros.

ELA siempre ha denunciado que se trataba de una decisión política y no judicial, y ahora ha quedado demostrado que el Tribunal Constitucional está a las órdenes del Gobierno español: no existe separación de poderes en el Estado.

ELA siempre ha defendido que debían removerse todos los obstáculos para la normalización politica en nuestro país. Cabe recordar que el proceso Bateragune se instó en tiempos del PSOE y, luego el PP le dio continuidad. El Gobierno español puso a su servicio al Tribunal Constitucional para evitar la normalización política de Euskal Herria, algo que ahora ha quedado en evidencia.