La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se concentra ante el Gobierno Vasco para denunciar el nuevo proyecto de la RGI y exigir su retirada

Una persona no pensionista cobra actualmente 727,41 euros cuando debería cobrar 1026 € si se aplicara realmente la ley de 2008. El proyecto de ley fija la RGI para 2023 en 737,44 euros, algo más que en 2022, pero no cubre la pérdida de poder adquisitivo de la RGI para este año.

Además, las organizaciones que componen la Carta denuncian el planteamiento de la desaparición de la prestación complementaria de Vivienda en los dos años y exigen
el cese de las medidas de criminalización, ya que únicamente alimentan el discurso y la xenofobia de la extrema derecha.

La Encuesta de Pobreza y Desigualdad Social del Gobierno Vasco dice así: «El sistema de prestaciones de cada 100 personas en riesgo de pobreza excluye a 30 personas de la pobreza, 37 personas tienen protección pero no les permite salir de ella y sólo el 33% restante sale de la situación de pobreza». Por tanto, el sistema no cubre las necesidades de gran parte de las personas solicitantes y hay que mejorarlo sustancialmente.
La Carta concluye que más que un modelo que cronifique y haga insostenible la situación actual de pobreza existe la necesidad de que se dé un verdadero debate en torno a cómo construir un sistema social para que las personas puedan vivir dignamente. El debate del sistema de garantía de ingresos debe enmarcarse en ese marco general.

Por todo ello, las organizaciones que conforman la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria reivindican:

*Retirada del proyecto de la RGI.
*Cese de los recortes que se están aplicando respecto a la ley de 2008.
*La aprobación de las medidas contempladas en la Iniciativa Legislativa Popular contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Carta Social y la defensa de estas medidas por parte de los grupos parlamentarios.
*Abrir un verdadero debate social y participativo sobre el sistema de protección.