La Carta de EH denuncia en Gasteiz que los presupuesto del Gobierno Vasco no cubren las actuales necesidades sociales
Por ello, la Carta exige al PNV y PSE, impulsores de la reforma, que retiren la propuesta, que atiendan las demandas avaladas por más de 50.000 firmas en la ILP que impulsaron quienes conforman la Carta. Del mismo modo, a las fuerzas de izquierda les piden que no avalen ni den cobertura a un modelo que, lejos de abordar una transformación de calado, "perpetúa un modelo que sigue sin atajar la erradicación de la pobreza de manera efectiva y eficaz". Consideran urgente transformar el modelo de la RGI, revirtiendo recortes y ampliando la cobertura, para que realmente sirva para hacer frente a la pobreza. "La probación o abstención de esta ley por parte de las fuerzas de izquierda por considerarla no tan mala es claramente insuficiente", recalcan.
La Carta considera especialmente preocupantes el discurso y las medidas criminalizadoras de la pobreza que se recogen en la ley, pues “son el caldo de cultivo de discursos de odio y avance de la extrema derecha”. Por ello, frente al empobrecimiento paulatino y generalizado, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria remarca la necesidad de confrontar estos discursos y medidas, apostando por un cambio de calado. En ese sentido, abogan por una oposición frontal a esta reforma, también por parte de los partidos políticos de izquierdas, a quienes piden que no avalen las políticas y el marco ideológico de la derecha.
“Los presupuestos previstos para 2023 son completamente insuficientes para hacer frente al proceso de empobrecimiento que sufren la clase trabajadora y los sectores populares”, afirman. Denuncian que los salarios no aumentan en proporción al IPC, los precios de los productos más básicos han subido alrededor del 15%, el sistema público de salud se encuentra en constante proceso de degradación y la educación pública con recursos insuficientes para responder a las necesidades actuales del alumnado. Además, lejos de dar respuesta a la crisis energética, aseguran que se protegen las ganancias de los oligopolios y se trasladan sus costes al conjunto de la población. “Todo ello hace que los recursos que el ejecutivo prevé gastar durante el 2023 sean insuficientes para hacer frente a esta situación”, remarcan.
A pesar de que durante el 2022 el Gobierno Vasco tuvo un superávit en sus cuentas de 800 millones de euros y de que las reglas fiscales para 2023 siguen suspendidas, es decir, las administraciones no tienen que cumplir con los límites de déficit público y deuda pública para dichos años, el Gobierno Vasco se niega a aumentar la inversión social en 2023, “una decisión que ni siquiera es acorde al diagnóstico de crisis que describe el propio ejecutivo”.
Además, lamentan la “cerrazón absoluta” a hablar de una reforma fiscal, tema del que se está hablando en todo el mundo y una de las reivindicaciones con las que la Carta salió a la calle el 19 de noviembre de 2022. “En presupuesto presentado, además de ser insuficiente, queda muy lejos de abordar el cambio de rumbo en las políticas públicas que desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria venimos reivindicando”.
Por si esto fuera poco, el próximo 22 de diciembre se votará la reforma de la RGI impulsada por PNV-PSE, previsiblemente con el voto a favor de Elkarrekin Podemos y la abstención de EH Bildu (como ya han anunciado). “Esta reforma, a pesar de toda la propaganda, viene a perpetuar los recortes realizados durante los últimos años. Debido a estos, las personas perceptoras de la RGI tienen unos ingresos garantizados de 300€ menos de lo que les correspondería sin los recortes”, explican.
Aseguran que esto agrava, aún más, la situación de las personas en situación de vulnerabilidad; personas migrantes, mujeres, trabajadoras precarizadas y pensionistas, y personas que necesitan la RGI para sobrevivir.