La decisión del Gobierno vasco de devolver la paga extra del 2012 en el 2018 es una tomadura de pelo

06/06/2017
Ante el anuncio de que abonará el tercer cuarto de la paga extra suprimida en el 2012, ELA exige al Gobierno Vasco que pague de manera inmediata el 50% de la paga sustraída en el año 2012 que falta por devolver a los empleados públicos. Es la única Administración e institución de Euskal Herria que aún debe la paga extra a sus trabajadoras y trabajadores. Ante el anuncio a través de los medios de comunicación de que el Gobierno Vasco devolverá un 25% en junio de 2017 y el otro 25% en enero de 2018, ELA exige al Gobierno Vasco que devuelva sin más dilación el 50% que falta de la paga extra sustraída en el año 2012 y que dé pasos en la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Para ELA, lo manifestado por parte del Gobierno Vasco de devolver lo que falta en enero del 2018, es una tomadura de pelo a los trabajadores y trabajadoras públicos de la CAPV, máxime cuando el resto de las administraciones e instituciones de Hegoalde, la totalidad de los ayuntamientos, las tres Diputaciones y el Gobierno de Nafarroa ya han devuelto lo quitado en el año 2012.

ELA denuncia la hipocresía del Gobierno Vasco cuando manifiesta que con el abono del próximo enero finalizara el conflicto “derivado de la legislación básica española”; en este tema, como en otros, no ha existido conflicto y el Gobierno de Urkullu ha cumplido una tras otra las decisiones de recortes marcadas desde Madrid, decisiones que han tenido graves consecuencias para los trabajadores y trabajadoras de la administración publica vasca y los servicios públicos en general. Incluso cuando Madrid permite la regularización desde el 2016, no hay voluntad de reponer lo quitado hasta el 2018.

El anuncio a través de los medios de comunicación demuestra la falta de respeto que tiene a los trabajadores y trabajadoras públicos y que no reconoce ni respeta el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores/as del sector público vasco.

ELA exige al Gobierno Vasco que, de manera inmediata, convoque la mesa general para cumplir con los acuerdos firmados, negociar la recuperación del poder adquisitivo perdido por los trabajadores públicos, la creación y consolidación de 35.000 empleos de calidad y estables en el ámbito público. Ello conllevaría -ha explicado- la realización de sustituciones desde el primer día, ofertas públicas de empleo de todos los puestos estructurales y de las bajas vegetativas y la paralización inmediata de la privatización y subcontratación de servicios y por tanto la mejora de los servicios públicos vascos.