La Diputación sigue pagando a las empresas por un servicio que no están ofreciendo

ELA denuncia que el recurso por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de medidas cautelares al Decreto de servicios mínimos decretados por el Gobierno Vasco, solicitando la ampliación de las mismas, es una muestra más del intento de la Diputación de neutralizar el derecho de huelga de las trabajadoras del sector e visibilizar la grave situación del sector.

Para ELA la actuación de la Diputación es de suma gravedad, máxime cuando reitera hasta la saciedad que no son parte del conflicto. Dicen que “es un conflicto entre empresas y trabajadoras“ para luego recurrir el Decreto de servicios mínimos, que no es recurrido ni por las empresas del sector afectadas por la huelga. Es la propia Diputación la que defiende de manera exclusiva los intereses patronales, exigiendo el incremento de unos servicios mínimos que han sido incrementados ya en dos ocasiones para dejar sin derecho de huelga a las trabajadoras del sector.

ELA denuncia que la Diputación se escuda en la calidad asistencial a prestar a los residentes en las jornadas de huelga para pedir la ampliación de los servicios mínimos, cuando no muestra el más mínimo interés por los mismos los 365 días del año, haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de las trabajadoras, de los familiares y de los residentes que denuncian la grave situación de los centros.

Al recurso de medidas cautelares presentado por la Diputación Foral de Bizkaia no solo se ha opuesto el sindicato convocante de huelga, si no también el propio Gobierno Vasco, que avala lo denunciado por las trabajadoras, familiares y los residentes cuando señala textualmente “que estamos ante una situación estructural, propia del servicio asistencial que es insuficiente para atender con dignidad a las personas dependientes, dadas las crecientes necesidades por la longevidad de las personas, problema estructural que no se solventa limitando más el derecho de huelga so pena de anularlo” . ELA interpondrá recurso para dejar sin efecto las medidas cautelares aceptadas por el TSJPV.

Mientras la Diputación Foral de Bizkaia recurre los servicios mínimos sigue pagando “religiosamente “ a las empresas del sector por un servicio que no realizan y premia así a las empresas su inmovilismo en el conflicto laboral y social –según nuestros datos con más de 5 millones de euros–.