La falta de personal deteriora la calidad de los servicios públicos

ELA denuncia la situación que atraviesa el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento de Barakaldo, como consecuencia directa de la falta de cobertura de vacantes y bajas, una problemática que la plantilla del Ayuntamiento viene sufriendo desde hace tiempo sin que la administración adopte medidas estructurales.

Esta situación no es un hecho aislado ni puntual, sino que se repite en otros departamentos municipales, como Servicios Jurídicos, Acción Social y el Conservatorio Municipal, evidenciando un problema generalizado de falta de planificación, previsión y organización por parte del Ayuntamiento.

Según los ratios de atención recomendados por EUDEL para los Servicios de Atención Ciudadana, la plantilla actual del SAC en Barakaldo debería duplicarse para poder ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía. Lejos de avanzar en esa dirección, el Ayuntamiento mantiene una dotación claramente insuficiente, lo que provoca sobrecarga de trabajo y agrava los problemas de salud laboral de las personas trabajadoras, y provoca asimismo el colapso del servicio y un deterioro evidente en la atención que se presta a la población.

A la gestión se suma la reciente aprobación de un decreto “exprés”, que lejos de solucionar el problema, pone de manifiesto la improvisación y la ausencia de una planificación seria por parte del Ayuntamiento, trasladando las consecuencias de esta desorganización tanto a la plantilla municipal como a la ciudadanía.

ELA deja claro que la pérdida de calidad de los servicios públicos no es responsabilidad de las y los trabajadores, sino de una administración que no cubre vacantes, no sustituye bajas y no dimensiona adecuadamente sus servicios.

Por todo ello, exige al Ayuntamiento de Barakaldo:

• La cobertura inmediata de vacantes y bajas en el SAC y en el resto de departamentos afectados.
• Una planificación realista de la plantilla, acorde a las recomendaciones de EUDEL y a las necesidades reales del municipio.
• Medidas estructurales que garanticen unos servicios públicos de calidad, tanto para la ciudadanía como para las personas trabajadoras.