La legislación española puede destruir miles de empleos públicos en la CAPV

27/12/2016
La decisión del Gobierno español de recurrir la 26ª promoción de la Ertzaintza y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulando el decreto sobre jornada del Gobierno Vasco dejan el autogobierno en absoluta precariedad. ELA reclama al Gobierno Vasco emprender la vía unilateral para defender los servicios públicos y de empleo.

Los recursos a normas vascas del Gobierno Español muestran claramente los límites de nuestro autogobierno. No se puede hablar de autogobierno cuando el Gobierno no puede decidir como organiza los servicios públicos, cuando el único margen que queda es la gestión de decisiones tomadas en Madrid. Hablar de bilateralidad en de las relaciones con España solo conduce a dar apoyo a la involución en materia de autogobierno.

Estas decisiones se toman con la excusa del cumplimiento de los compromisos presupuestarios con Europa en un contexto en el que el Gobierno vasco es un alumno aventajado en materia de cumplimiento de déficit público. Sin embargo, la obsesión por cumplir a rajatabla la disciplina presupuestaria ni siquiera le sirve al Gobierno para ganar un mínimo de autonomía política.

Las consecuencias de la sentencia y el nuevo recurso son muy graves. Cabe recordar que el aumento de la jornada laboral llevada a cabo en 2013 supuso la destrucción de 1481 puestos de trabajo en Osakidetza, según una auditoría realizada por Deloitte. A de debemos sumar la destrucción de 250 plazas de la Ertzaintza. Debemos tener en cuenta que la CAPV tiene un déficit de empleo público en proporción a la población activa de prácticamente 10 puntos frente a la Unión Europea.

El Gobierno vasco tiene tasas de temporalidad superiores al 35% de la plantilla. En los próximos 10 años hay prevista la jubilación de más de la mitad de la actual plantilla. Nos están impidiendo planificar la reposición y relevo de nuestras plantillas, y, en consecuencia, el Gobierno español coloca los servicios públicos de la CAPV al borde del colapso.

Asimismo, ELA quiere remarcar la gravedad de la anulación de la jornada laboral de 35 horas. Esa jornada se logró como consecuencia de una Huelga General el 21 de mayo de 1999 y se ha recuperado como consecuencia de diferentes movilizaciones, incluyendo huelgas, los últimos años. La destrucción de empleo y el nuevo empeoramiento de las condiciones de trabajo que va a generar nos va a llevar nuevamente a otra fase de conflictos en los servicios públicos.

La plantilla del Gobierno Vasco ha sido muy castigada estos últimos años. ELA quiere recordar que el Gobierno Vasco es la única administración que con el objetivo de sacar nota en el cumplimiento de los objetivos de déficit no ha devuelto la paga extraordinaria eliminada en 2012 tampoco ha realizado las aportaciones a Itzarri (EPSV) a pesar de que las leyes españolas no lo impiden.

ELA llama al Gobierno vasco a convocar la Mesa General de negociación para acordar la forma en la que mantendremos las 35 horas de forma efectiva y logramos la resolución de la 26ª promoción de la Ertzaintza.

Mantener la apuesta por la bilateralidad como vía para reforzar el autogobierno supone, en opinión de ELA, que se acepta gestionar un poder político cada vez más reducido. Es lo que ha venido sucediendo estos últimos años de la mano de la involución estatal sin que haya existido respuesta por parte del Gobierno vasco..

ELA constata la renuncia a la confrontación democrática con el Estado por parte del Gobierno vasco; una renuncia que tiene efectos sociales muy graves en la salud, la educación, la seguridad, el empleo y las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras de la administración pública.

En Euskal Herria, a 27 de diciembre de 2016