La plantilla del grupo CEL exige la inmediata puesta en funcionamiento de los centros de trabajo y que se garantice su viabilidad
La Dirección de la empresa ha trasladado a la plantilla que, debido a la deuda que mantienen con Acciona Energy, ésta ha tomado la decisión de dejar de suministrar luz en todos los centros de trabajo, salvo en el de Artzeniega. La representación legal -10 delegados de ELA, 1 de LAB y 1 de UGT- ha solicitado a la empresa que haga inmediatamente las gestiones necesarias para garantizar el suministro eléctrico. Consideramos que haber llegado a esta situación es una irresponsabilidad que pone en entredicho el futuro de la empresa, dado que puede tener consecuencias muy graves si se deja morir la producción.
Las decisiones de las diferentes direcciones dejan en evidencia que no apuestan por el futuro de la empresa, lo que condena a la miseria a más de 300 familias en una comarca que ha sufrido un proceso muy importante de desindustrialización, y que tiene uno de los niveles más altos de desempleo de nuestro país.
El pasado 26 de mayo la dirección del Grupo Cel comunicó a los comités de empresa que había solicitado en el juzgado un preconcurso de acreedores. En dicha comunicación se incluía una semana de plazo para evitar el definitivo concurso de acreedores y se solicitaba a la plantilla una bajada salarial media de un 20%. Asimismo se comunicó que los accionistas mayoritarios habían salido del grupo y que quienes ostentaban el 15% del accionariado pasaban a controlar la compañía al hacerse con el 100% de las acciones a través de Zurbost Gestion S.L.
Hasta este momento, el Gobierno Vasco, con un 40% de acciones a través de EZTEN sociedad capital riesgo, e Indarkia con un 45%, cuya cabeza visible era el empresario Iñaki López Gandasegi, controlaban la empresa. La salida del accionariado se ha hecho con premeditación y alevosía, abandonando a su suerte a los cerca de 300 trabajadores /as directos e indirectos.
Los trabajadores y trabajadoras no somos culpables de la situación generada; la viabilidad de este proyecto industrial requiere inversores solventes y financiación. Denunciamos la estampida llevada a cabo por el Gobierno Vasco y los socios mayoritarios, lo que pone en una difícil situación un proyecto industrial que es rentable. Tenemos claro no solo que la empresa es viable -tiene un EBITDA positivo en los años 2014 y 2016, y en el primer trimestre del año 2017-, sino que además ha ido creciendo de manera importante en facturación, pasando de 47,5 millones de euros de ventas a 65 millones previstos en el 2017 (en el primer trimestre del año la facturación ha sido de casi 17 millones de euros).
Por ello, pedimos a la dirección que deje de chantajear a la plantilla con solicitudes de bajada salarial, que no tienen relación alguna con la viabilidad del grupo, y a las instituciones públicas que apuesten por el futuro industrial de las Encartaciones y por el de sus gentes. Exigimos que las mismas instituciones públicas que han sido parte de la problemática actual se impliquen en la solución. No nos quedaremos de brazos cruzados; vamos a luchar por unas Encartaciones con empleos dignos, y confiamos que en ese propósito contaremos con la complicidad de la ciudadanía y las instituciones públicas.
La plantilla comenzará sus movilizaciones con una concentración el martes, día 13, ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao (Gran Vía, 85).