La prioridad absoluta debe ser la salud pública

26/03/2020

Mikel Noval y Pello Igeregi, miembros de la Comisión Ejecutiva, han participado en representación de ELA en la mesa de crisis convocada por el Gobierno Vasco para esta tarde. Noval e Igeregi han defendido la prioridad absoluta de la salud pública, para lo que “debemos llegar lo antes posible a un escenario de control mediante test rápidos, en lugar de ir por detrás en el ritmo de contagios”.

En este sentido, han detallado la difícil situación a la que tienen que hacer frente en sus puestos de trabajo miles y miles de trabajadores y trabajadoras, en especial en residencias, hospitales y comercios de alimentación. ELA ha señalado, por otra parte, que reducir la actividad no esencial es la mayor aportación a la salud pública que se puede hacer en estos momentos.

Para ELA, esta crisis ha evidenciado desde el principio “la urgencia de abordar nuevas medidas sociales para proteger a las personas damnificadas por la crisis: las que han perdido el empleo, quienes van a tardar en tener un puesto de trabajo en condiciones dignas; en definitiva, las personas más vulnerables de la sociedad”.

En la anterior reunión de la Mesa ELA planteó que ésta debía ser una línea de trabajo básica, pero el Gobierno Vasco no ha dado una respuesta mínimamente acorde con la gravedad de la situación. Las medidas adoptadas esta semana para paliar la crisis social, además de llegar tarde se quedan muy cortas.

ELA ha reclamado, con carácter de urgencia:

Una renta mínima garantizada para todas las personas desempleadas que carecen de prestación, situada en el SMI.
En el sistema de la RGI, derogación de las disposiciones que, en lo referente a la cuantía, impiden que se aplique la ley de 2008.
Establecimiento de una prestación que garantice los ingresos y las cotizaciones de las personas que se han tenido que hacer cargo de tareas de cuidado como consecuencia de decisiones como la paralización de las clases en los centros escolares.
No dar carta blanca a las empresas en los ERTEs para su utilización por un tiempo no justificado, y exigir la no finalización de los contratos de las y los trabajadores eventuales.
Moratoria en los desahucios, y exoneración del pago de los alquileres e hipotecas a todas las personas afectadas por la crisis del COVID-19.
Garantizar la cobertura de derechos y necesidades básicas como la vivienda, alimentación y energía, en especial para los colectivos más vulnerables. Prohibición de cortar el suministro en un periodo de 3 meses.