Diputación Foral de Bizkaia

La justicia obliga a pagar un 40% más de la indemnización por accidente laboral

02/06/2026
La justicia obliga a pagar un 40% más de la indemnización por accidente laboral
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima el recurso del trabajador, declara la responsabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia y fija un recargo del 40% en las prestaciones por accidente laboral.

El demandante trabajaba para la Diputación Foral de Bizkaia como ayudante de control y mantenimiento en un parque de bomberos, tuvo varios procesos de IT considerándose derivados de accidente laboral y posteriormente se le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión (ayudante de mantenimiento)

La Sala aprecia incumplimientos preventivos por no ofertar vigilancia de la salud / reconocimiento médico falta de formación preventiva especifica sobre riegos de sobreesfuerzos, manipulación de cargas ligada al riesgo evaluado, debido a estos incumplimientos el trabajador tuvo varios procesos de IT que derivaron en el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión (ayudante de mantenimiento).

La Sala considera infracción empresarial porque:

*El art.22 LPRL impone que el empresario garantice la vigilancia periódica ; su practica requiere consentimiento pero la oferta es exigible

*El art. 37.3 b) RD39/1997 incluye la evaluación inicial de salud tras la incorporación o asignación con nuevos riesgos.

*No consta ni reconocimiento ni ofrecimiento al inicio.

La Sala aprecia infracción por falta de formación centrada en el riesgo evaluado ( sobre esfuerzos por manejo de EPIs/vestuario): el curso acreditado era de mantenimiento de equipos respiratorios, no de manipulación de cargas /sobreesfuerzo, fijando la graduación del recargo al 40% por pluralidad de infracciones legales (arts.19 y 22LPRL), persistencia temporal con resultado relevante de incapacidad permanente total .

BIDELAGUN Fundazioa se muestra satisfecha con esta sentencia y recuerda la importancia de garantizar espacios de trabajo seguros y en los que se respete la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Considera también que esta sentencia pone el foco en la falta de cultura preventiva de las Administraciones Públicas, lo cual evidencia que la salud de las personas trabajadoras sigue siendo una asignatura pendiente también en el sector público.