Lakuntza: "La huelga general del 30N debe servir para que los Gobiernos reconozcan los cuidados como un derecho"

En la rueda de prensa de la presentación del informe sobre los cuidados en Hego Euskal Herria elaborado por el Gabinete de Estudios del sindicato, el secretario general Mitxel Lakuntza ha destacado que “el modelo de cuidados por el que han optado las instituciones no reconoce el derecho a los cuidados, deja a la mayor parte de las personas dependientes sin atender y otorga a las empresas privadas el servicio a costa de precarizar las condiciones laborales de miles de mujeres en Euskal Herria, muchas de ellas migradas”.

Así lo demuestran los datos recogidos en el informe, donde reflejan la realidad promovida por las políticas de los gobiernos de Urkullu y de Chivite, las Diputaciones y de los ayuntamientos. Políticas que recaen sobre las mujeres, y que dejan estos servicios en manos de empresas privadas.

Ante esta realidad, el secretario general ha destacado la importancia de la lucha sindical. “Las huelgas en los sectores de residencias y ayuda a domicilio, algunas superando el año de huelga, han contribuido a visibilizar los problemas de este modelo y han permitido mejorar las condiciones laborales”.

Por ello, Lakuntza espera que la huelga general del 30 de noviembre sirva para interpelar a las instituciones, “porque estamos ante una cuestión política de primer orden”, y para que “los cuidados sean reconocidos como un derecho, para terminar con un modelo privatizado que hace negocio con el servicio y el empleo precarizado que recae principalmente en las mujeres”. Por eso, ELA defiende un modelo corresponsable, público, universal, gratuito y de calidad.

2,2 horas más y en manos privadas

Janire Landaluze, miembro del Gabinete de Estudios de ELA, ha asegurado que el sistema de cuidados está lejos de ser corresponsable, ya que “las mujeres asumen la mayor parte de los trabajos de cuidados no remunerados”, tanto en las tareas del hogar, como en el cuidado de hijas e hijos menores o personas dependientes. “Si sumamos las res tareas, las mujeres dedican de media 2,2 horas más al día que los hombres”.

Ha destacado, a su vez, que todo esto tiene consecuencia directa en el reparto desigual de las tareas de cuidados y en el empleo remunerado de las mujeres. Por ejemplo, la feminización del empleo a tiempo parcial o la brecha salarial, por la que las mujeres asalariadas tienen unos ingresos anuales 7.000 euros inferiores a los de los hombres.

Landaluze también ha recordado los siguientes datos que demuestran que el actual sistema deja de lado las necesidades:

• Una parte importante del trabajo remunerado es realizado por trabajadoras del hogar, en gran parte mujeres migradas que sufren diversas situaciones de abuso. Por ejemplo, el 100% de las trabajadoras internas tiene como actividad principal el cuidado de personas dependientes. Entre las trabajadoras externas este porcentaje se sitúa en el 35%, según los datos de ATH.

• La mayor parte de las personas dependientes no está atendida por ningún servicio.

• La mayor parte de los servicios están en manos de empresas privadas. Por ejemplo, de las 434 residencias existentes en la CAPV tan solo 40 (el 9,2%) son de gestión pública. 106 residencias son de titularidad pública pero de gestión privada (el 24,4%) y las 288 restantes (el 66,4%) son privadas.

• Cada persona usuaria de residencias pagó de media 16.588 euros en 2020 en 2020, una cifra que ha subido 2.000 euros en 3 años.

• La cobertura de los distintos servicios está descendiendo, destacando la deriva del servicio de ayuda a domicilio. La tasa de cobertura (porcentaje de personas mayores de 65 años cubiertas por este servicio) fue en 2021 de tan solo el 1,6% en la CAPV y del 2,2% en Navarra, muy por debajo de la media del estado español (5%). En el conjunto de Hego Euskal Herria se constata una clara tendencia a la baja.

• Los ratios de personal están muy por debajo de los necesarios y las trabajadoras no disponen del tiempo suficiente para dar una atención adecuada.

Público, universal, gratuito, corresponsable

Ante esta situación, Leire Gallego, responsable de Acción Social de ELA, ha defendido “un sistema de cuidados público, publificando los servicios privatizados y subcontratados, y ampliando los servicios existentes”, así como aumentado las ratios, que junto a un aumento presupuestario, deben llevar a crear más de 10.000 nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, el sindicato exige el reconocimiento “en las leyes de Servicios Sociales, del derecho de todas las personas en situación de dependencia a que dicha situación sea atendida, de manera suficiente y adecuada, por las administraciones competentes”, ha destacado Gallego. “El sistema de cuidados debe estar al margen de la capacidad económica de la persona dependiente, se debe eliminar el copago, y establecer su financiación completa vía impuestos”. Es necesario mejorar las condiciones de trabajo y atajar la precariedad de las trabajadoras de estos sectores”. Y, por último, el sistema debe ser corresponsable, garantizando que “las labores de cuidados se repartan de modo justo y equitativo entre hombres y mujeres”.

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