Las familias y las trabajadoras exigen que las mejoras se financien con los 1,5 millones de beneficios de la empresa
La plantilla del centro Benito Menni de Salud Mental de Elizondo acumula ya más de un año de conflicto laboral y 134 días de huelga, en defensa del reconocimiento del trabajo de cuidados que se realiza en este centro y para mejorar unas condiciones laborales totalmente precarias.
En los últimos días, la Fundación Hermanas Hospitalarias, entidad gestora del centro, ha difundido diversos comunicados. En ellos afirma que asumir las reivindicaciones de la plantilla supondría un incremento del coste de la plaza de 5.000 euros anuales. Asimismo, traslada dicho impacto a una hipotética subida de 450 euros mensuales en la cuota de cada usuario o usuaria.
Mientras la empresa miente sobre el incremento de costes a los usuarios y usuarias, omite que en el año 2023 la Fundación Hermanas Hospitalarias obtuvo un resultado de la actividad ordinaria (EBITDA) de 567.792 euros y que entre 2020 y 2023, se derivaron 1.456.000 euros a la Congregación. Se trata de beneficios que ha tenido esta empresa a costa de dinero público, y que ha ido a manos privadas en lugar de mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio.
Las reivindicaciones de las trabajadoras no son desproporcionadas. La plantilla reclama un salario de 22.400 euros brutos anuales, una cifra para nada disparatada. Junto a las mejoras salariales, la plantilla ha planteado medidas para mejorar la calidad del servicio y la atención a las personas usuarias, propuestas que la empresa no ha tenido en cuenta.
Esta situación vuelve a evidenciar las graves carencias del modelo de subcontratación que mantiene el Gobierno de Navarra. Un modelo que prioriza los beneficios de las empresas frente al propio servicio. Además, resulta especialmente grave que, mientras la empresa ha optado por trasladar el conflicto a las familias, el Gobierno permanezca sin hacer nada y sin asumir su responsabilidad en un servicio sustentado con dinero público. Esta pasividad le sitúa del lado de la empresa que precariza a las trabajadoras, recorta el servicio y amenaza a las personas usuarias.